Ante las últimas reclamaciones y consultas recibidas en Kontsumobide por el conocido como 'cártel de coches', este organismo desea esclarecer algunos aspectos relevantes para los consumidores en Euskadi.

Entre 2015 y 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso multas a 21 fabricantes de coches, 172 concesionarios y 2 consultoras por prácticas anticompetitivas.

Estas compañías representan el 91% del mercado y llevaron a cabo prácticas que les permitían manipular los precios de venta de vehículos, perjudicando así a los consumidores.

Tras los recursos presentados por las marcas en cuestión, la mayoría de los cuales fueron denegados por la CNMC, el Tribunal Supremo ha confirmado dichas sanciones.

Sin embargo, también hay sentencias que niegan a los consumidores la devolución de cantidades pagadas de más.

Las personas afectadas son aquellas que adquirieron un vehículo entre 2006 y 2013, dependiendo de la marca y el concesionario.

Para determinar si se es afectado, diversas asociaciones de consumidores han desarrollado aplicaciones que proporcionan esta información, como la de la Asociación Afectados por el Cártel de Coches.

La devolución de las cantidades cobradas de manera indebida no se realiza automáticamente, por lo que es necesario recurrir a la vía judicial.

Se recomienda a los afectados que, si no llegan a un acuerdo con los concesionarios o marcas, acudan a asociaciones de consumidores o despachos de abogados especializados.

El plazo para presentar reclamaciones se ha extendido en 5 años más, hasta 2026. Es importante tener en cuenta que el plazo varía según la marca y cuando fue impuesta la sanción.

Aquellas marcas cuyo plazo vence antes deberán presentar la reclamación antes del 20 de abril de 2026.

El importe a reclamar depende del fabricante, modelo, etc.

En vehículos de gama media, puede oscilar entre 1.500 y 2.000 euros, mientras que en vehículos de alta gama puede llegar hasta los 9.000 euros.

Se aconseja solicitar un informe pericial para determinar la cantidad a reclamar y buscar asesoramiento legal o de asociaciones de consumidores.

Los intereses legales también están incluidos en el abono correspondiente para los afectados.