El Consejo de Gobierno del País Vasco ha tomado una decisión significativa al aprobar una inversión de 14,8 millones de euros para mejorar la vigilancia y seguridad en sus palacios de justicia, así como en centros educativos y de internamiento de menores.

Esta iniciativa fue propuesta por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y se llevará a cabo con un presupuesto de 7,4 millones de euros anuales durante los próximos dos años.

Euskadi cuenta con un total de 18 edificios que forman parte de su compleja estructura judicial, incluidos los Palacios de Justicia.

Además, existe una red de 6 centros educativos y de internamiento para menores, que también requieren atención en materia de seguridad.

La implementación de un servicio de vigilancia es crucial para garantizar la protección de las personas que utilizan estos espacios, así como de las instalaciones y del patrimonio que allí se resguarda.

La necesidad de una vigilancia sólida en estos lugares se ha hecho evidente, ya que no solo se busca la protección física de las instalaciones.

También es primordial asegurar que las actividades cotidianas se desarrollen de manera normal y sin interrupciones.

La protección del entorno educativo y judicial no solo contribuye a crear un ambiente seguro, sino que también fomenta el respeto y la confianza en las instituciones.

Históricamente, la seguridad en edificios públicos como los palacios de justicia ha sido un tema delicado, especialmente en contextos donde se manejan casos sensibles.

Percepción de la juventud en Euskadi sobre la inmigración extranjera

A través de una encuesta online realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud, se obtuvieron datos sobre la percepción de los jóvenes en Euskadi respecto a la inmigración extranjera. Estos datos muestran cambios en los últimos años y revelan opiniones divididas sobre la cantidad de personas extranjeras en la región.

El aumento de la actividad judicial y la reciente transformación de los centros educativos en espacios multifuncionales han hecho que la demanda de medidas de protección efectivas sea aún mayor.

Hasta la fecha, la contratación de estos servicios de vigilancia había sido gestionada mediante un expediente del Departamento de Seguridad de la comunidad autónoma.

Sin embargo, ante el crecimiento de los retos de seguridad, el Consejo de Gobierno ha decidido facilitar la aprobación de un presupuesto más robusto que permita una respuesta más ágil y efectiva a estas necesidades.

La partida aprobada refleja un compromiso fuerte por parte del Gobierno Vasco por mantener altos estándares de seguridad en sus instituciones.

Además de la inversión económica, el enfoque preventivo en la seguridad puede ser visto como parte de una estrategia más amplia que busca modernizar y hacer más eficientes los servicios públicos en la región.

Con esta medida, Euskadi se posiciona como un referente en la protección de derechos y en el cuidado de sus espacios educativos y judiciales, enfatizando la importancia de un entorno seguro para el desarrollo social y educativo de sus ciudadanos.

Esta aprobación será un paso vital para el futuro de la seguridad en la comunidad, asegurando que tanto los ciudadanos como los menores bajo cuidado institucional puedan desenvolverse en un ambiente seguro y protegido.