El Gobierno Vasco destina 18 millones de euros para garantizar la asistencia jurídica gratuita a quienes no pueden pagarla, promoviendo así el derecho a la defensa.
Este año, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha decidido destinar un total de 18 millones de euros para la prestación del servicio público de #asistencia jurídica gratuita.
Este servicio está dirigido a aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para contratar un abogado.
La decisión fue aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. El presupuesto de este año representa un aumento significativo respecto al anterior, ya que en 2024 se asignaron 17,2 millones de euros. Concretamente, se incrementa en cerca de un millón de euros, lo que refleja el compromiso del Gobierno Vasco para mejorar la infraestructura de la #justicia en la región.
La asignación de fondos incluye 15,4 millones de euros que se destinarán a los colegios de abogados para financiar el turno de oficio y los gastos de guardia.
A esto se suman otros 1,6 millones de euros que ayudarán a sufragar los gastos de funcionamiento. Por su parte, los colegios de procuradores recibirán 900.000 euros para el turno de oficio y 200.000 euros para cubrir sus costes operativos.
La asistencia jurídica gratuita es un derecho consagrado en la Constitución
La asistencia jurídica gratuita es un derecho consagrado en la Constitución, particularmente beneficioso para personas que están imputadas, detenidas o encarceladas y que no pueden afrontar los costes de un abogado privado.
Es esencial que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a una defensa efectiva, independentemente de su situación económica.
Este esfuerzo por garantizar la justicia gratuita se alinea con los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno vigente, que busca acelerar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y valorizar la labor de los profesionales del derecho.
La dignificación del trabajo de abogados y procuradores es una de las claves para fomentar un sistema de justicia más equitativo y accesible para todos.
La historia de la justicia gratuita en España tiene sus raíces en una serie de reformas legales que se han llevado a cabo a lo largo de los años en respuesta a las crecientes demandas por una justicia equitativa y accesible.
Esta medida en #Euskadi se inscribe en el marco de un esfuerzo más amplio por parte de las administraciones públicas para eliminar las barreras económicas que muchas personas enfrentan al buscar defensa legal.
