En una reciente entrevista en el programa Boulevard de Radio Euskadi, María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos, enfatizó la importancia de garantizar que todos los individuos cumplan con la ley, sin excepción alguna, especialmente en relación con los condenados por delitos cometidos por la organización terrorista ETA. San José enfatizó que su compromiso es asegurarse de que estos presos asuman la responsabilidad de sus actos y reconozcan el sufrimiento infligido a las víctimas.

La consejera, al hablar sobre la aplicación de la legislación penitenciaria, declaró: "Nuestra obligación es que cumplan la ley y procurar que reconozcan el daño injusto causado". Su postura ha sido clara desde el inicio de su mandato; no se contemplan privilegios para ciertos grupos, y todas las personas, independientemente de sus antecedentes, deben enfrentar las consecuencias de sus acciones.

En este contexto, San José también abordó el interés de su departamento en construir una memoria colectiva que desacredite la violencia.

Para ello, es fundamental que el testimonio de las víctimas se lleve a las aulas, de modo que los jóvenes puedan comprender el verdadero impacto del terrorismo.

Además, considera crucial presentar las historias de aquellos que cometieron estos actos, para ofrecer una visión más completa de las condiciones que los llevaron a actuar de esa manera.

Percepción de la juventud en Euskadi sobre la inmigración extranjera

A través de una encuesta online realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud, se obtuvieron datos sobre la percepción de los jóvenes en Euskadi respecto a la inmigración extranjera. Estos datos muestran cambios en los últimos años y revelan opiniones divididas sobre la cantidad de personas extranjeras en la región.

Un aspecto notable de su discurso fue la importancia de hacer que la justicia sea accesible para todos, especialmente para los grupos más desfavorecidos.

Señaló que algunos ciudadanos, ya sea por falta de conocimiento o por limitaciones económicas, se sienten excluidos del sistema judicial.

Para abordar esta situación, el gobierno vasco ha incluido en sus planes presupuestarios para 2025 medidas que garantizan el acceso a la justicia sin costo alguno para aquellos que no puedan permitírselo.

"Hay personas que no acuden a la justicia debido a desconocimiento o a que carecen de recursos.

Por eso, vamos a reforzar nuestra capacidad para que todos puedan hacerlo y que los costos sean cubiertos por la administración", apuntó San José. Este enfoque integral no solo busca garantizar la justicia, sino también contribuir a la rehabilitación de una sociedad más equitativa y consciente de su historia.

La consejera resaltó que es fundamental ir más allá de la mera aplicación de la legislación, y que se requiere un esfuerzo conjunto para construir un futuro basado en el reconocimiento del daño causado y la colaboración con el sistema judicial.

Su visión incluye fomentar un entorno donde se puedan discutir abiertamente las atrocidades del pasado, favoreciendo una paz duradera y un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas.