En Euskadi, El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y los tres Colegios de la Abogacía vascos han firmado un convenio para el desarrollo de actuaciones de orientación y asistencia jurídica penitenciaria que se ofrecerá a personas internas en régimen cerrado y ordinario en los centros penitenciarios de Euskadi.

El acuerdo se prolongará durante los próximos cuatro años y contará con una dotación para 2024 de 342.984 euros (326.982,91 euros). En 2023 la partida era de 160.992 euros (153.808,32 euros). El convenio se centra en proporcionar un primer consejo orientador y gratuito a las personas privadas de libertad sobre cuestiones de naturaleza jurídica, pero no se podrá intervenir en los procedimientos judiciales que ya estén abiertos.

En este sentido, y amparadas por este convenio, las personas internas podrán recibir información sobre los requisitos necesarios para acceder a esta asistencia jurídica.

Así, se les puede orientar en el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario (clasificaciones, procedimientos sancionadores, permisos, traslados...), o ayudar en la interposición de escritos y recursos ante las autoridades penitenciarias y el Departamento de Justicia, e incluso en la representación y defensa de las personas internas en los procedimientos judiciales que correspondan ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Las actuaciones se llevarán a cabo en horario de tarde en días laborables.

Cada jornada se contará con la asistencia de un letrado o una letrada del turno de asistencia legal penitenciaria en cada Centro Penitenciario (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa). Por su parte, la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco realizará evaluaciones con las personas internas sobre el grado de satisfacción de los servicios prestados, cuyos resultados serán remitidos a los Colegios de la Abogacía.

Mientras que estos elaborarán un informe trimestral que contendrá datos estadísticos sobre las personas internas atendidas y la tipología de las consultas y asistencias realizadas, entre otros compromisos.

Por último, el acuerdo firmado entre el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y los Colegios de la Abogacía vascos recoge el compromiso adquirido por ambas partes de celebrar unas jornadas sobre materia penitenciaria de forma rotatoria en cada territorio histórico en la que puedan participar todas las personas y entidades que tengan relación con el trabajo en el mundo penitenciario.

Una comisión mixta formada por tres personas designadas por el Gobierno Vasco y otras tres personas designadas por los Colegios de la Abogacía realizará el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, así como de los compromisos adquiridos por ambas partes.

Percepción de la juventud en Euskadi sobre la inmigración extranjera

A través de una encuesta online realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud, se obtuvieron datos sobre la percepción de los jóvenes en Euskadi respecto a la inmigración extranjera. Estos datos muestran cambios en los últimos años y revelan opiniones divididas sobre la cantidad de personas extranjeras en la región.

A diferencia de otras comunidades autónomas, que no lo tienen, el Servicio de Asistencia Penitenciaria está activo en Euskadi desde 1987, cuando comenzó su andadura en Basauri, hoy Centro Penitenciario Bizkaia.

Posteriormente, en 1989, la iniciativa se extendió a Martutene, hoy Centro Penitenciario Gipuzkoa, y al ya cerrado Nanclares de la Oca, hoy reubicado en el Centro Penitenciario Araba.

Pero hasta la fecha no había una herramienta que estableciera las condiciones y directrices de la colaboración entre la Administración Penitenciaria de Euskadi y los Colegios de la Abogacía, que es lo que facilita el nuevo convenio.

La asistencia jurídica en prisiones es un derecho fundamental para las personas privadas de libertad, que necesitan asesoramiento legal para poder ejercer sus derechos y llevar a cabo los trámites necesarios para su proceso.

Contar con abogados especializados en derecho penitenciario que puedan orientar a los internos sobre su situación legal y ayudarles en la defensa de sus intereses es crucial para garantizar un proceso judicial justo y transparente.

La firma de este convenio entre los Colegios de la Abogacía y el Gobierno Vasco es un paso importante para mejorar la asistencia jurídica en los centros penitenciarios de Euskadi y asegurar que las personas privadas de libertad tengan acceso a la información y al apoyo legal que necesitan para hacer valer sus derechos.

Con una dotación presupuestaria significativa y un compromiso a largo plazo, este convenio sienta las bases para una colaboración efectiva entre las instituciones y los profesionales del derecho en beneficio de las personas internas.

La realización de evaluaciones periódicas y la elaboración de informes detallados permitirán hacer un seguimiento de la calidad de la asistencia jurídica y detectar posibles áreas de mejora.

Asimismo, la celebración de jornadas sobre materia penitenciaria proporcionará un espacio de diálogo y reflexión en el que participarán todos los actores implicados en el ámbito penitenciario, contribuyendo a promover un enfoque más integral y respetuoso de la justicia en el contexto de la privación de libertad.

En definitiva, este convenio es un paso importante hacia la construcción de un sistema penitenciario más justo, humano y eficaz en Euskadi.