El Consejo de Gobierno de Euskadi ha aprobado el decreto para la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la CAPV (COVASADE)
La inmensa y creciente producción documental de las administraciones públicas hace que la sostenibilidad del sistema sea una prioridad y esta Comisión se encargará de realizar el proceso de valoración, selección y, en su caso, expurgo de manera reglada, controlada y transparente.
El objetivo de la #COVASADE es valorar las tipologías y series documentales generadas por las entidades adheridas al Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que no cuenten con comisión propia.
En el decreto se detallan las funciones específicas de la COVASADE, su composición (estará integrada por 10 personas del ámbito interinstitucional), así como su funcionamiento.
Y fusiona en una sola comisión otras dos existentes previamente: #Comisión de Valoración y Selección de documentación recogida en el decreto 232/2000 recogida en el Reglamento de los Servicios de Archivo y las normas de Patrimonio Documental del País Vasco
Este decreto surge de la regulación de la Ley 5/2022, de 23 de junio de Gestión Documental y Patrimonio Documental de la CAPV, y fusiona en una sola comisión otras dos existentes previamente: Comisión de Valoración y Selección de documentación recogida en el decreto 232/2000 recogida en el Reglamento de los Servicios de Archivo y las normas de Patrimonio Documental del País Vasco; y la Comisión de Valoración y Selección de documentación recogida en el Decreto 174/2003, de 22 de julio, de organización y funcionamiento del Sistema de Archivo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
El costo por euro es de 1.21, por lo que el valor total de la comisión en euros sería de 12.842,40€.
En la historia de Euskadi, la gestión documental ha sido un aspecto fundamental para la preservación de la memoria colectiva y el buen funcionamiento de las administraciones.
Desde la creación del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha trabajado para garantizar el acceso y la conservación de la documentación generada por las instituciones públicas, asegurando la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.
