La comparecencia solicitada ante la comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad explica el procedimiento de ingreso en la Ertzaintza (promoción 35) y aborda cuestiones sobre la valoración psicotécnica, expedientes disciplinarios y datos lingüísticos del personal, con contexto histórico y referencias a posibles inversiones en euros.
El acto, consolidado como una comparecencia a petición de la comisión, se centró en clarificar las distintas fases del proceso de selección, desde la convocatoria y la valoración de méritos hasta las pruebas físicas y psicotécnicas, así como los criterios de puntuación aplicados en la valoración final.
El representante de Seguridad explicó de forma detallada la estructura de la #OPE 35 y las condiciones específicas para el bloque psicotécnico, a la luz de las preguntas formuladas por la ponencia.
Sobre la pregunta referida a la decisión de rebajar el nivel de exigencia en la valoración del bloque psicotécnico de la OPE 35, se indicó que cualquier ajuste debe obedecer a criterios técnicos y a la normativa vigente, y que los cambios deben quedar reflejados en un acta de tramitación y en informes elaborados por la comisión de contratación.
En ese sentido, se subrayó la necesidad de garantizar la objetividad, la comparabilidad entre aspirantes y la #transparencia en cada fase.
La sesión también contempló explicaciones sobre la tramitación de un expediente sancionador a unos jóvenes en la playa de Karraspio, un caso que provocó debate sobre las actuaciones policiales en entornos recreativos.
El Consejo reiteró que los expedientes se tramitan conforme a la normativa disciplinaria vigente y que todas las personas pueden ejercer sus derechos de defensa y de acceso a la información administrativa.
Asimismo, se abordó la denuncia presentada por una ciudadana respecto a la actuación de agentes de la #Ertzaintza en el municipio de Sestao. La intervención fue analizada con atención por la comisión, que afirmó su compromiso con la responsabilidad institucional y la necesidad de mantener la confianza pública mediante respuestas claras y verificables.
La comisión también preguntó sobre la recopilación por parte de la Jefatura de la Comisaría de Bilbao de datos sobre las competencias lingüísticas del personal.
El Departamento explicó que la recopilación de este tipo de datos obedece a fines de gestión de personal y a la adecuación de servicios públicos a la diversidad lingüística de Euskadi
El Departamento explicó que la recopilación de este tipo de datos obedece a fines de gestión de personal y a la adecuación de servicios públicos a la diversidad lingüística de Euskadi, dentro de un marco de #protección de datos personales y de respeto a los derechos fundamentales.
En ese punto, la representante añadió que la Ertzaintza, como cuerpo policial de servicio público, mantiene la obligación de garantizar la igualdad de trato y la no discriminación en la actuación policial, en consonancia con la legislación vigente.
Datos históricos y contexto: La Ertzaintza nació como cuerpo de seguridad de la entonces comunidad autónoma vasca a mediados del siglo XX y, tras la construcción de la #seguridad pública en Euskadi, ha pasado por varios procesos de modernización y profesionalización, con reformas legislativas y presupuestos plurianuales que han buscado reforzar la confianza ciudadana, la formación del personal y la transparencia.
En las últimas décadas, los gobiernos regionales han incrementado la inversión en recursos humanos, formación, tecnología y sistemas de evaluación para los procesos selectivos, con montantes que, en conjunto, han superado decenas de millones de euros en distintos programas.
En el marco del OPE 35, se ha buscado equilibrar la exigencia de criterios con la necesidad de incorporar a profesionales competentes, en un proceso que, según las evaluaciones, debe permanecer sujeto a revisiones periódicas para evitar arbitrariedades y garantizar la rendición de cuentas.
Es relevante recordar que las confrontaciones entre derechos a la seguridad y a la transparencia han marcado la evolución de las políticas de seguridad pública en Euskadi, con una cultura de vigilancia institucional que busca la mejora continua de las prácticas policiales.