Se presentaron las principales líneas de actuación bajo la nueva Ley de Cooperación y Solidaridad, que se implementará en 2025.

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En Euskadi, el Gobierno vasco, a través de eLankidetza, ha reafirmado su compromiso de seguir fomentando programas de cooperación técnica con la participación de diversos agentes tanto públicos como sociales.

La reciente normativa derivada de la Ley de Cooperación y Solidaridad será implementada en el año 2025, marcando un hito en las políticas de colaboración y compromiso social en la región.

Esta mañana, en una sesión en el Parlamento Vasco, Paul Ortega, director de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, presentó las líneas fundamentales de acción y los desafíos que enfrenta en el ámbito de la cooperación y solidaridad durante esta legislatura.

Ortega destacó el papel crucial que ha tenido el Parlamento vasco en la promoción de la solidaridad hacia otros pueblos y en la defensa de los derechos humanos, subrayando que la nueva ley es una muestra tangible de esta política colectiva.

La nueva legislación se considera un marco esencial para potenciar las iniciativas solidarias que Euskadi pone en marcha en colaboración con distintos agentes del Sur.

Según Ortega, "esta ley establece las bases para que Euskadi se comprometa a contribuir al desarrollo humano y a la sostenibilidad de las vidas, además de promover la justicia global". A lo largo de la legislatura, se implementará esta ley con un enfoque decidido, a cargo del Gobierno vasco, que tendrá la responsabilidad de coordinar políticas coherentes para alcanzar un desarrollo sostenible.

El director de eLankidetza reiteró que se informará al Consejo Vasco de Cooperación y Solidaridad, así como al Parlamento Vasco, sobre las acciones realizadas en este ámbito.

Se trabajará en conjunto con otros departamentos del Gobierno Vasco, consolidando programas de intercambio técnico como el programa de Salud Global entre Guinea-Bissau y Euskadi, y la iniciativa AKUAL. Además, se respaldará la transformación de la Formación Profesional de la UNRWA, involucrando al Departamento de Educación, así como la participación femenina en municipios de El Salvador, en colaboración con ONU Mujeres y Emakunde.


"La corresponsabilidad en enfrentarse a desafíos globales impulsa la creación de alianzas y cooperación entre instituciones y diversos actores sociales para combatir las desigualdades, el cambio climático y la distribución desigual de recursos", afirmó Ortega.

En este sentido, las ONGD juegan un papel fundamental en la definición de qué tipo de cooperación se desea en Euskadi y en la identificación de los instrumentos necesarios.

La ley anticipa que a lo largo del 2025 se abordarán una serie de normas adicionales y adaptaciones.

Durante esta legislatura, se prevé que la educación orientada hacia la transformación social y la Estrategia Vasca de Educación para la Transformación Social, conocida como (H)ABIAN 2030, adquieran particular relevancia.

Ortega destacó el papel de la comunicación como un factor transformador y mencionó un convenio entre eLankidetza y EITB, que buscará educar y sensibilizar a la ciudadanía en temas de cooperación y solidaridad.

La Ley también contempla la elaboración de un Informe sobre el Estado de la Cooperación y Solidaridad Vascas cada cinco años, con trabajos que ya han comenzado a realizarse dentro del Grupo de Trabajo de Coherencia de Políticas del Consejo Vasco de Cooperación y Solidaridad.

Por último, es importante destacar que la nueva normativa prevé cauces para la participación directa del Parlamento Vasco en las políticas de cooperación y solidaridad, lo que incluye debates en comisiones sobre la planificación plurianual, la rendición de cuentas y la aprobación de presupuestos.