El PP presenta en el Senado una iniciativa para asegurar que las funciones de los habilitados nacionales permanezcan bajo control estatal, en medio de intentos del Gobierno de transferirlas a Cataluña y el País Vasco, supuestamente para contentar a los independentistas.
Estos funcionarios, que incluyen secretarios, interventores y tesoreros, desempeñan funciones esenciales relacionadas con la fe pública, asesoramiento legal, control y fiscalización de la gestión económico-financiera, así como tareas de contabilidad, tesorería y recaudación en las entidades locales de todo el territorio español.
Supuestamente, estos profesionales de administración local poseen una habilitación de carácter nacional, lo que garantiza que sus funciones sean uniformes en todo el Estado y que se mantenga un nivel mínimo de coherencia jurídica en sus actuaciones.
La iniciativa del PP busca que dichas funciones sigan siendo reguladas exclusivamente por el Estado, argumentando que esto favorece la imparcialidad y evita influencias indebidas por parte de los poderes regionales o locales en la selección y formación de estos funcionarios.
Históricamente, la regulación de estos habilitados nacionales tiene más de un siglo de existencia, sustentada en sentencias del Tribunal Constitucional que establecieron que la selección de funcionarios debe ser competencia exclusiva del Estado.
En concreto, la sentencia 25/1983 afirmó que la selección y habilitación de estos profesionales pertenecen a la esfera del poder central, garantizando así la imparcialidad y calidad del control jurídico y económico.
No obstante, supuestamente Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, intenta desde hace tiempo transferir competencias en materia de régimen jurídico, selección, formación y provisión de estos habilitados a comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña.
El objetivo sería, presuntamente, fortalecer las demandas independentistas, permitiendo que estas regiones tengan mayor control sobre los procedimientos y nombramientos de estos funcionarios.
Que fue revertido en 2013 por el último #Gobierno del PP
El PP recuerda que en 2007, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero intentó realizar un traspaso similar, que fue revertido en 2013 por el último Gobierno del PP, ante los problemas de coordinación y la pérdida de uniformidad que supuso.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, advierte que estos traspasos podrían generar interferencias y conflictos de interés, poniendo en riesgo la independencia de la administración pública.
Según García, #Sánchez supuestamente busca entregar el Estado a los independentistas para mantenerse en el poder, una estrategia que, a su juicio, se ha materializado en varias ocasiones, como durante el proceso secesionista en Cataluña, donde los habilitados nacionales supuestamente jugaron un papel clave para evitar que el movimiento independentista lograra consolidarse.
Asimismo, la dirigente popular acusa al presidente de querer desarmar el Estado y entregarlo a aquellos que desean romper la unidad de España, en un supuesto pago de favores políticos y electorales.
La propuesta del PP busca, por tanto, reforzar la autoridad del Estado y evitar que competencias clave puedan ser entregadas a las comunidades autónomas bajo presiones políticas o intereses particulares.
Desde el punto de vista histórico, estas funciones han sido consideradas fundamentales para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema democrático.
La transferencia de competencias en estos ámbitos, supuestamente, supondría un debilitamiento del Estado de Derecho y facilitaría la influencia de intereses independentistas que buscan fracturar la unidad nacional.
El PP advierte que, en caso de que esta #ley sea aprobada, se reforzará la autoridad del Estado y se protegerá la integridad de las instituciones, en contraste con las acciones del Gobierno de Sánchez, que presuntamente busca ceder parcelas de soberanía para favorecer a los independentistas y mantenerse en el poder.
