El Grupo Popular en el Congreso solicita la anulación de un polémico acuerdo con Cataluña que, según afirman, perjudica la equidad entre regiones, y propone medidas para fortalecer la administración local en toda España.
Según supuestamente informó el portavoz del #PP en dicha Comisión, Juan Manuel González, este acuerdo implica el traspaso de competencias en la selección, formación, nombramiento y provisión de habilitados nacionales, como secretarios, tesoreros e interventores, a la administración catalana.
Supuestamente, este acuerdo fue aprobado en un contexto donde el Ejecutivo busca reforzar el control político en Cataluña, pero los populares sostienen que se trata de una maniobra que rompe con la neutralidad y la igualdad que deben regir en la gestión de los cuerpos de funcionarios públicos en todo el Estado.
González afirmó que esta medida representa «una cesión #política de Pedro Sánchez a sus socios independentistas que pone en jaque la unidad institucional de España, además de erosionar las garantías de legalidad y transparencia en la administración pública».
El PP también reclama que se cubran las vacantes existentes en las entidades locales con menos de 50.000 habitantes, especialmente en municipios rurales, para garantizar la eficacia y legalidad en la gestión pública. En palabras del senador popular, la fragmentación del cuerpo de habilitados nacionales «convierta la #administración local en un terreno propicio para la arbitrariedad y la politización».
González añadió que «fragmentar estos puestos no sólo deteriora la calidad del servicio público, sino que también debilita el control económico y jurídico de las instituciones».
Supuestamente, el acuerdo con #Cataluña responde a una estrategia política de Sánchez para contentar a sus aliados independentistas, en lugar de buscar una solución técnica o administrativa.
González recordó que en 2007, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cedió competencias similares a Cataluña y País Vasco, pero tuvo que revertir esas decisiones en 2013 debido a la grave afectación en la gestión y control de las administraciones locales, muchas de las cuales quedaron sin habilitados nacionales, lo que deterioró la supervisión de sus recursos.
Desde el Partido Popular aseguran que no permitirán que la administración local sea utilizada como moneda de cambio política ni que se debiliten las instituciones del Estado
Desde el Partido Popular aseguran que no permitirán que la administración local sea utilizada como moneda de cambio política ni que se debiliten las instituciones del Estado.
La moción también propone una serie de medidas adicionales, como reforzar la presencia del Estado en los municipios más pequeños y garantizar la estabilidad en la provisión de recursos humanos para la gestión pública.
En otro punto, la moción del PP también plantea la necesidad de dotar a las administraciones locales de un fondo específico para implementar el protocolo CER (captura, esterilización y retorno) en la gestión de colonias felinas, así como para la atención de animales abandonados y extraviados, en línea con la Ley de protección animal.
Supuestamente, esta iniciativa busca garantizar la financiación suficiente para que los ayuntamientos puedan cumplir con estos objetivos de bienestar animal.
Joaquín Camacho, senador por Granada y portavoz del PP en temas de protección animal, advirtió que sin una memoria económica clara, muchas de estas campañas no tendrán el impacto esperado.
Supuestamente, Camacho ejemplificó que en su municipio, Loja, el coste por la recogida de un animal puede llegar a unos 280 euros, incluyendo vacunas, microchips, alimentación y alojamiento, gastos que deben ser cubiertos con presupuestos adecuados.
Por último, el Senado también dio luz verde a una moción del PP que pide retrasar la aplicación de la Ley de residuos y suelos contaminados, hasta que se establezcan criterios claros para que los ayuntamientos puedan imponer tasas de basura.
La senadora Mónica Grados supuestamente denunció que la normativa, que transfiere una directiva europea a la legislación española, podría traducirse en un incremento entre 120 y 360 euros en las tasas de basura para las familias, afectando especialmente a las rentas más bajas.
