El PP acusa al Gobierno de retrasar el gasto en Defensa y de tomar decisiones opacas que ponen en riesgo la seguridad nacional y la credibilidad internacional de España.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue el centro de las acusaciones, ya que el PP sostiene que, en este momento, el Ejecutivo no está dispuesto a destinar el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en Defensa, a pesar de que en el pasado se firmó un acuerdo para alcanzar esa meta en 2035.
Supuestamente, Robles afirmó que #España rechazaba en estos momentos esa cifra, pero no negó que en el futuro se pueda llegar a cumplir. El portavoz del grupo popular, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, expresó que esta postura genera una imagen de división y de falta de compromiso con los aliados de la OTAN, a quienes España ha prometido aumentar su inversión en defensa.
En 2024, España había destinado aproximadamente 20.000 millones de euros (unos 18.500 millones de euros en moneda actual), y el compromiso era llegar en 2035 a alrededor de 60.000 millones de euros (equivalente a unos 55.500 millones de euros), para alinearse con el objetivo del 2,1% del PIB, pero sin alcanzar aún la meta del 5%.
El senador criticó que Pedro Sánchez firmó un acuerdo con la #OTAN para llegar al 5% en inversión en Defensa, pero posteriormente envió una carta al secretario general de la organización, en la que supuestamente anunció que no cumpliría con ese compromiso a corto plazo.
Esto, según Gutiérrez, envía un mensaje de fractura interna y de falta de coherencia, lo que puede afectar la credibilidad de España en el escenario internacional.
Asimismo, el PP denuncia que la falta de presupuestos y la opacidad en la gestión de los recursos de Defensa son otra preocupación. Supuestamente, las partidas presupuestarias para 2025 podrían no ser sostenibles en 2026, lo que pone en riesgo la modernización de las Fuerzas Armadas y la capacidad de respuesta ante amenazas externas.
La industria militar nacional, que supuestamente necesita inversiones continuas para mantenerse competitiva, también podría verse afectada por esta falta de planificación.
Por otro lado, el portavoz adjunto del PP, José Antonio Monago, centró su intervención en dos cuestiones de máxima gravedad: la cancelación de contratos con empresas israelíes, valorados en aproximadamente 10.000 millones de euros (unos 9.200 millones de euros), y la polémica selección del nuevo entrenador avanzado para el Ejército del Aire, donde supuestamente se favoreció un acuerdo con Turquía sin un proceso transparente.
Sobre los contratos con Israel, Monago afirmó que la cancelación ha dejado sin capacidad operativa a las Fuerzas Armadas, además de afectar a la industria nacional, que ve cómo se rompen compromisos de inversión y empleo.
La supuesta falta de explicaciones por parte del #Gobierno genera incertidumbre sobre cómo se reemplazarán estos sistemas y si se mantendrán los niveles de modernización previstos
La supuesta falta de explicaciones por parte del Gobierno genera incertidumbre sobre cómo se reemplazarán estos sistemas y si se mantendrán los niveles de modernización previstos.
En cuanto a la selección del nuevo avión de combate, se presuntamente eligió al modelo turco Hürjet, fabricado por Turkish Aerospace Industries, tras una negociación que supuestamente se inició tras una visita del presidente Erdogan a Madrid.
El PP denuncia que no hubo un proceso competitivo ni comparaciones técnicas entre las distintas opciones, y que esta decisión favorece claramente a una industria extranjera, en contra de lo que sería un desarrollo nacional.
Supuestamente, el Gobierno también ha roto alianzas con empresas europeas como Airbus y Leonardo para favorecer a Turquía, en lo que el PP califica como una operación opaca y poco transparente.
La oposición exige que se entreguen todos los informes técnicos, jurídicos e industriales relacionados con estas decisiones, argumentando que no se puede jugar con la #seguridad del país por razones ideológicas.
En conclusión, el PP advierte que estas acciones, supuestamente impulsadas por intereses políticos, comprometen la credibilidad de España como socio fiable en la OTAN y ponen en riesgo su posición geoestratégica.
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