Un informe de Capital & Main revela que, pese a leyes para limitar el uso del historial crediticio en la evaluación de inquilinos con vouchers, muchos arrendadores siguen negando alquileres. El reportaje contextualiza el fenómeno a nivel nacional y en California, y discute fallas en la implementación.
A medida que la realidad de los jóvenes sin hogar se mantiene, estos casos se vuelven, según observadores, cada vez más visibles en comunidades urbanas y suburbanas.
Un cuadro que ilustra la complejidad aparece en California, donde una mujer de Orange County logró obtener un voucher de la #Sección 8 tras años de dormir en su coche o pasar la noche en refugios.
Sin embargo, cuando buscaba un lugar para alquilar, se topó con rechazos que no parecían basarse solo en su capacidad de pagar, sino en la valoración de su historial crediticio.
En este contexto, las leyes estatales y las reformas locales nacidas en los últimos años buscan exigir que se valoren pruebas alternativas de solvencia, como recibos de paga y otros comprobantes, además del certificado de crédito.
La intención de estas normas es clara: eliminar una barrera que, según la experiencia de muchas familias, impide que los vouchers lleguen a ser un puente real hacia la vivienda.
En 2022, la Legislatura de #California aprobó una ley que prohíbe a los propietarios rechazar a inquilinos con vouchers solo por su historial crediticio, y en 2024 Colorado adoptó una medida similar.
Estas iniciativas surgieron ante la preocupación de que, a pesar de que el #alquiler cubierto por la Sección 8 representa una parte sustancial del costo, las restricciones basadas en el #crédito estén perpetuando la exclusión de quienes dependen de subsidios.
Para muchas familias, la cuota de alquiler representa alrededor del 30% de sus ingresos, y el resto es cubierto por la ayuda; en esos casos, las disputas sobre crédito pueden traducirse en más rechazos.
Supuestamente, la brecha entre la letra de la ley y su ejecución práctica persiste en grandes mercados. Una investigación de Capital & Main encontró que algunas de las mayores sociedades propietarias de Los Ángeles siguen dependiendo del historial crediticio para rechazar a postulantes de la Sección 8, y no siempre aceptan pruebas alternativas de capacidad de pago.
Entre las compañías citadas figuran Equity Residential, Essex Property Trust, AvalonBay Communities, Prime Residential, G.H. Palmer Associates, Greystar y Jamison Properties. Aunque algunas de ellas afirmaron adherirse a la normativa, en la interacción con los testers surgieron discrepancias que, presuntamente, contradicen las políticas publicadas.
Los datos señalan que 4 de cada 10 beneficiarios de Sección 8 no logran una vivienda
A nivel nacional, los datos señalan que 4 de cada 10 beneficiarios de Sección 8 no logran una vivienda. En Los Ángeles, ese porcentaje ha oscilado entre 30% en 2020 y alrededor de 50% en 2022, según observadores y autoridades de vivienda. Las críticas a la aplicación de la ley han sido duras por parte de asociaciones de propietarios, que sostienen que la evaluación debe considerar un conjunto más amplio de evidencias y que no siempre las pruebas de ingresos sustituyen al crédito.
La implementación de estas leyes, sin embargo, enfrenta limitaciones. En California, la Comisión de #Derechos Civiles tiene un equipo reducido, con un solo abogado y tres investigadores a cargo de la vigilancia de la prohibición de discriminación contra inquilinos que utilizan subsidios públicos.
Las autoridades señalan que la financiación y la estructura de fiscalización han dificultado una respuesta contundente ante denuncias repetidas. En ese marco, defensores y abogados recomiendan fortalecer la fiscalización y ampliar la capacitación de personal de leasing para asegurar el cumplimiento.
En lo personal, casos como el de Callie Rutter muestran que es posible reconstruir la historia crediticia mediante métodos alternativos y, con paciencia, encontrar #vivienda protegida.
Tras perder su casa y enfrentar tratamientos médicos, logró estabilizar su situación gracias a un sistema que reconoce pagos puntuales de alquiler y a una red de apoyo que la acompañó en la búsqueda.
Hoy, afirma sentirse segura, con una puerta que puede cerrar con tranquilidad y un espacio propio para su familia.
Históricamente, las políticas de vivienda subsidiada han buscado ampliar el acceso y evitar la discriminación por crédito; no obstante, la realidad demuestra que aún persisten tensiones entre la normativa y su aplicación en el terreno.
Supuestamente, una mayor supervisión, transparencia y coordinación entre autoridades, arrendadores y organizaciones de defensa de los derechos civiles podría cerrar esas brechas y hacer que la Sección 8 cumpla su función de puente real hacia una vivienda estable.
En términos de costos, si un alquiler típico en zonas de alta demanda alcanzara 2.000 dólares al mes, estaríamos hablando de aproximadamente 1.860 euros, una cifra que ilustra el alcance de la barrera para quienes dependen de subsidios y crédito para acceder a una vivienda digna.
Este reportaje enfatiza la necesidad de seguir evaluando y fortaleciendo las políticas públicas para que el crédito no siga siendo un filtro que excluye a familias vulnerables, y para que los programas de vivienda social finalmente cumplan su promesa de estabilidad y seguridad para los menores y sus comunidades.