California lanza un programa estatal de subsidios para la compra de EV dirigido solo a compradores por primera vez, buscando mitigar el fin del crédito fiscal federal y mantener la senda de descarbonización.
El plan, según las primeras informaciones recogidas por medios nacionales, contará con una inversión estatal de aproximadamente €184 millones y busca ofrecer descuentos directos a la hora de la compra en las agencias autorizadas del estado.
Entre las condiciones clave, el programa establecerá límites de precio y de ingresos para los vehículos y los solicitantes, con el objetivo de focalizar la ayuda en quienes más la necesitan.
En concreto, los vehículos nuevos de pasajeros podrán recibir un incentivo máximo calculado en €50.600, mientras que las van, SUV y pickups tendrán un tope de €73.600. Para coches usados, el tope de ayuda quedaría en €23.000. Además, la autoridad reguladora de #California para contaminación y emisiones, CARB, ha dejado claro que los fabricantes de automóviles deben igualar, o al menos aportar una cantidad equivalente, a la contribución estatal, lo que en la práctica podría doblar el incentivo disponible para el comprador.
La medida llega en un momento en que el crédito fiscal federal para vehículos eléctricos, valorado previamente en hasta $7.500, fue eliminado por la Administración y el Congreso en años recientes. Aunque el crédito ya no está disponible a nivel federal, la nueva iniciativa californiana intenta cubrir parte de ese vacío, al menos para un segmento específico de consumidores.
Presuntamente, este marco podría ser suficiente para mantener el impulso de ventas de EV en el estado, que permanece como el mayor #mercado automotriz de esa tecnología en el país.
Como contexto, California ya había desarrollado un historial de apoyo a las EV a través de su programa de Reembolso de Vehículos Limpios, que funcionó entre 2013 y 2024.
Según CARB, ese programa había destinado, en total, alrededor de €1.37 mil millones para conceder rebajas a más de 586.000 vehículos eléctricos. Presuntamente, esas cifras se tradujeron en reducciones de #emisiones y en una mayor adopción de tecnologías limpias. Es decir, las estimaciones de impacto ambiental indicaban, entre otros beneficios, reducciones de CO2e que superaron los 11 millones de toneladas, así como mejoras en NOx y PM.
El nuevo programa de California también incorpora criterios de elegibilidad que buscan asegurar que la ayuda llegue a compradores que no habían recibido el crédito federal en el pasado
El nuevo programa de California también incorpora criterios de elegibilidad que buscan asegurar que la ayuda llegue a compradores que no habían recibido el crédito federal en el pasado.
Esto podría facilitar que más personas ingresen al segmento de vehículos eléctricos, con la expectativa de que, a largo plazo, la demanda de EV se consolide y se amplíe la oferta de modelos en el estado.
No obstante, supuestamente varios analistas advierten que la efectividad dependerá de la rapidez de la tramitación de las solicitudes, la capacidad de las agencias para verificar ingresos y la disponibilidad de inventario de vehículos compatibles con los criterios de precio y tipo de cada tramo de ayuda.
En el plano práctico, la medida podría traducirse en descuentos inmediatos para compradores en el mostrador, lo que facilitaría la decisión de adquisición frente a alternativas con motores de combustión interna.
Además, se espera que el programa estimule a los fabricantes a ajustar sus estrategias de comercialización y a acelerar la introducción de nuevos modelos que cumplan con los topes de precio y las exigencias de eficiencia.
Aunque el diseño está todavía sujeto a aprobación y posibles ajustes, el enfoque de centrarse en “primeros compradores” marca un giro claro hacia la ampliación de la base de usuarios de EV, en lugar de sostener exclusivamente a los retornos de clientes ya convertidos.
En resumen, California intenta llenar el vacío dejado por el fin del crédito fiscal federal con un paquete estatal que privilegia a quienes nunca han utilizado ese beneficio.
Si la propuesta avanza, podría mantener la inercia de adopción de vehículos eléctricos en un mercado clave y reforzar la posición del estado como laboratorio de políticas climáticas, con un posible efecto colateral de dinamizar empleos y la cadena de suministro asociada a la transición energética.