La oficina postal estadounidense suspendió de forma temporal las aportaciones de la empresa al sistema de pensiones de sus trabajadores para conservar liquidez ante una crisis financiera. Se mantiene la aportación de los empleados y se anuncian medidas para cubrir costes, mientras se busca apoyo legislativo.
En Estados Unidos, La Oficina Postal de Estados Unidos (USPS) ha anunciado una medida excepcional para hacer frente a una caída sostenida de ingresos y a una liquidez cada vez más ajustada.
Según un comunicado oficial, la #USPS suspenderá temporalmente las aportaciones del empleador al sistema de pensiones de sus trabajadores federales (el Federal Employees Retirement System, FERS).
El objetivo es liberar más liquidez para mantener en marcha las operaciones diarias y evitar un colapso de caja mientras buscan soluciones a fondo. En la práctica, esto significa que la USPS no enviará dinero al fondo de pensiones del personal, al menos durante un periodo determinado, para reducir la presión de caja en un contexto de crisis continua.
La propia USPS aclaró que las aportaciones de los empleados seguirán en pie: los trabajadores seguirán cotizando a su plan de pensiones y al Thrift Savings Plan (TSP), y también se mantendrán otros pagos como las contribuciones automáticas y de emparejamiento por parte del empleador y las aportaciones de los trabajadores al propio TSP.
En otras palabras, los jubilados se mantienen protegidos en el corto plazo en cuanto a sus aportaciones, pero la empresa evita desembolsos adicionales que podrían significar un mayor perjuicio a la liquidez.
El máximo responsable financiero de la USPS, Luke Grossmann, aseguró que no habrá un impacto inmediato negativo para los jubilados actuales o futuros.
Aun así, advirtió de un riesgo mayor: la necesidad de mantener operaciones y servicios para el público frente a un escenario de liquidez insuficiente.
En palabras del ejecutivo, la prioridad es evitar que la falta de caja afecte el #servicio postal a los ciudadanos. Este movimiento, subrayó, no es una solución de largo plazo: se trata de ganar tiempo mientras se articula una acción legislativa que permita revertir la situación.
Este episodio llega en un marco de problemas estructurales. La USPS ha experimentado pérdidas netas acumuladas de unos 118.000 millones de dólares desde 2007, cuando el volumen de correo de primera clase se desplomó y los costes operativos siguieron fuera de control. En el último balance trimestral, la empresa anunció una pérdida de unos 1.250 millones de dólares, un indicio claro de que los ingresos ya no cubren los gastos básicos de la red postal.
La USPS consiguió una autorización especial del Postal Regulatory Commission para obtener un respiro financiero a través de medidas temporales
Para hacer frente a la creciente brecha entre ingresos y gastos, la USPS consiguió una autorización especial del Postal Regulatory Commission para obtener un respiro financiero a través de medidas temporales, entre ellas un aumento de precios para el servicio Priority Mail y otras entregas de paquetes.
Este incremento está previsto que entre en vigor a finales de abril y se mantendrá como medida de emergencia hasta el 17 de enero de 2027, buscando cubrir los mayores costes de transporte y combustible.
La dirección de la USPS ha señalado que, sin ayuda del Congreso para aumentar el tope de deuda y facilitar #reformas de fondo, el riesgo es perder aún más control sobre la liquidez y, a medio plazo, ver no solo las pensiones, sino también otros pagos básicos en juego.
El Postmaster General, David Steiner, ha dejado claro que el servicio debe contar con respaldo político para devolver la rentabilidad y garantizar la continuidad de un servicio que muchos ven como estratégico para la economía y la vida diaria de millones de estadounidenses.
En este contexto, la polémica no es nueva: el debate sobre el futuro de la USPS combina gestión interna, ajuste de precios y cambios legislativos que piden desde hace años una reforma profunda.
Muchos analistas señalan que una parte del problema vino de reglas impuestas por la legislación de 2006, que obligó a la USPS a prefinanciar beneficios de salud y pensiones, una carga que ha encarecido la operación de la entidad en años recientes.
En suma, la decisión de suspender temporalmente las aportaciones a las pensiones busca ganar aire para no cortar servicios o quedarse sin caja en plena operación diaria.
Pero no resuelve la cuestión fundamental: sin un frente político que permita reformas y un marco presupuestario estable, la USPS podría verse obligada a buscar más parches en el corto plazo mientras negocia un camino duradero hacia la rentabilidad y la sostenibilidad de un servicio público que, a ojos de muchos, es parte esencial de la infraestructura básica del país.