La resolución del acuerdo por el ciberataque a T-Mobile, que podría beneficiar a miles de clientes con pagos de hasta 22.500 euros, experimenta retrasos que podrían extenderse hasta junio, dejando en suspenso a muchos afectados.
La resolución de este conflicto, que inicialmente estaba prevista para comenzar en abril de 2025, ahora se ha visto aplazada hasta junio, según informaron los administradores del acuerdo.
La demora afecta a millones de usuarios en Europa, quienes esperaban recibir compensaciones que en algunos casos podrían ascender hasta 22.500 euros (aproximadamente 24.000 dólares o 21.000 euros en la moneda local).
Este retraso genera incertidumbre entre los afectados, que esperaban recuperar parte de los daños ocasionados por la filtración de datos personales en el incidente ocurrido en agosto de 2021.
En aquella ocasión, #T-Mobile sufrió una intrusión que comprometió información sensible de 76 millones de clientes, incluyendo nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y números de Seguridad Social, datos que en #Europa se corresponden con el Número de Identificación Fiscal y otros identificadores nacionales.
El acuerdo, que fue aprobado en junio de 2023, contempla una inversión de aproximadamente 330 millones de euros (equivalente a 350 millones de dólares).
Aunque T-Mobile no admitió ninguna culpa, aceptó pagar esta suma para compensar a los afectados y mejorar sus medidas de seguridad. La compañía también se comprometió a ofrecer a los clientes servicios de protección contra el robo de identidad y asesoramiento en buenas prácticas de seguridad digital durante al menos dos años.
La historia reciente ha mostrado un aumento en los ciberataques a grandes corporaciones
En el contexto histórico, este tipo de incidentes no son aislados. La historia reciente ha mostrado un aumento en los ciberataques a grandes corporaciones, especialmente en el sector de las telecomunicaciones, que manejan datos altamente sensibles.
La seguridad digital se ha convertido en una prioridad global, y las regulaciones en Europa, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), buscan garantizar la protección de los derechos de los usuarios.
Sin embargo, la vulnerabilidad sigue siendo un reto para las empresas.
Respecto a la distribución de los fondos, todos los afectados que presentaron reclamaciones antes de la fecha límite, en enero de 2023, son elegibles para recibir pagos en diferentes formatos, incluyendo transferencias bancarias y cheques en papel.
La cantidad que recibe cada usuario dependerá de la gravedad de su daño y de las pruebas presentadas, como gastos en monitoreo de crédito o pérdidas por fraude.
Los pagos, inicialmente previstos para comenzar en abril, ahora se retrasan, y se espera que las primeras transferencias se hagan en junio, aunque las autoridades advierten que podría tomar varias semanas o incluso meses en completarse.
