El Consejo de Ministros ha decidido realizar una modificación de los presupuestos en relación con los contratos de navegación de interés público.

Esta decisión se tomó en su reunión del pasado 13 de febrero de 2024, donde se autorizó la elevación de límites de gasto para el próximo ejercicio de 2025. Cada vez más, se hace evidente que la movilidad y el transporte son pilares fundamentales para el funcionamiento de las comunidades, en especial en rutas críticas como las que conectan la Península con las Islas Canarias y Melilla.

Desde que se promulgó la normativa que regula estos contratos, se ha dado especial atención a aquellos que son necesarios para la conexión marítima entre las distintas regiones.

Actualmente, existe un contrato del cual se deriva un importe anual de aproximadamente 2.116.000 euros, cuyo fin está pactado para el 30 de junio de 2024. Este acuerdo, establecido con la Compañía Trasmediterránea S.A., requiere una prórroga para mantener el servicio hasta el 30 de junio de 2025, lo que significaría un desembolso de alrededor de 1.234.333,33 euros para el año mencionado.

Los contratos que conectan la Península con Melilla, formalizados con Balearia Eurolíneas Marítimas S.A., enfrentan una situación similar.

Firmados inicialmente el 29 de marzo de 2022, estos contratos han sido prorrogados varias veces, y su vigencia se extiende hasta marzo de 2024. Ante las dificultades legales que han surgido en relación con la adjudicación de un nuevo contrato que debería iniciar en abril de 2024, se ha tenido que autorizar una prórroga excepcional que extiende su validez hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto implica que el gasto proyectado para diciembre de 2024 asciende a 929.333,34 euros.

En cuanto a los contratos de Algeciras a Ceuta, se firmó un nuevo acuerdo el 26 de junio de 2023, con una duración de un año y un importe de 1.268.901 euros por año; es importante también prever su renovación para el año 2025, ascendiendo a un total de 739.942,27 euros.

El total de las necesidades de gasto proyectadas para los contratos marítimos se determina en aproximadamente 21.236.942,27 euros para el año 2025, que incluye varias anualidades en los contratos mencionados anteriormente.

Para 2026 se estima un gasto de 20 millones de euros, mientras que en 2027 se espera una reducción a 1.666.666,67 euros.

Estas cifras reflejan la importancia que el Gobierno otorga a la continuidad en el transporte marítimo, que es vital para la economía y la movilidad de los ciudadanos.

Conforme a la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Ministros ha actuado conforme a la normativa vigente y ha autorizado estas modificaciones para garantizar la necesaria continuidad del servicio de transporte marítimo.

Esta medida no solo beneficia a quienes dependen de estas rutas para su movilidad diaria, sino que también asegura la estabilidad económica de las empresas involucradas en la prestación de estos servicios vitales.