A partir del 5 de mayo, los prestatarios con préstamos estudiantiles en incumplimiento en España deberán prepararse para la reanudación de los cobros, después de más de cinco años de suspensión debido a la pandemia. La medida impactará a millones, incluyendo a quienes dependen de la Seguridad Social para sus ingresos, y se espera que genere cambios significativos en la economía personal y nacional.
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, el gobierno español implementó medidas para proteger a los prestatarios de préstamos estudiantiles en mora, incluyendo la suspensión de las acciones de cobro y la prohibición de embargos sobre beneficios de la Seguridad Social.
Sin embargo, estas medidas están a punto de llegar a su fin, ya que el Ministerio de Educación y Economía anunció que a partir del 5 de mayo se reanudará la cobranza de los préstamos en incumplimiento.
Esta decisión marca un cambio importante en la política de gestión de la deuda educativa en España, que afecta a cerca de 5 millones de prestatarios, de los cuales más de 400,000 dependen de sus beneficios de la Seguridad Social para subsistir.
Históricamente, la deuda estudiantil en España ha sido un tema de creciente preocupación. En 2023, el total de préstamos pendientes superaba los 180 mil millones de euros, y la morosidad alcanzaba aproximadamente el 12%. La reactivación de los cobros, tras una pausa que duró más de cinco años, se realiza en un momento en que la economía española enfrenta desafíos como la inflación, que en 2024 se situó en torno al 4,5%, y una tasa de empleo que aún no logra niveles prepandemia.
El Departamento de Educación ha señalado que, aunque las acciones de embargo sobre beneficios de la Seguridad Social se reanudarán próximamente, inicialmente se implementarán con cautela para evitar impactos desproporcionados en los beneficiarios más vulnerables.
La intención es proporcionar asesoramiento para facilitar la regularización de las deudas y ofrecer planes de pago accesibles. En realidad, la reanudación de los cobros se había anticipado en los últimos meses, pero las autoridades habían aplazado su implementación para proteger a los más afectados y evitar una crisis social.
Los préstamos estudiantiles en incumplimiento pueden afectar gravemente la economía personal. Cuando un prestatario entra en mora, su historial crediticio se ve perjudicado, lo que dificulta la obtención de créditos futuros, y en casos severos, puede derivar en embargos de salarios y beneficios como la pensión de jubilación.
Según datos del Banco de España, cerca del 15% de las personas mayores de 60 años tienen algún tipo de deuda pendiente, siendo los préstamos estudiantiles una de las principales causas, especialmente en sectores con menor nivel de ingresos.
Además, los expertos advierten que la reactivación de los cobros puede tener efectos económicos en cadena, afectando el consumo y la inversión en el país.
La deuda estudiantil, que en España se ha incrementado en los últimos años principalmente por la expansión de la educación superior y la mayor facilidad de acceso a créditos, representa un reto para la estabilidad financiera de muchas familias.
Por su parte, las organizaciones de defensa del consumidor han pedido que el gobierno implemente medidas de apoyo para los afectados, incluyendo facilidades de pago y asesoramiento financiero gratuito.
La situación también ha puesto en evidencia la necesidad de revisar las políticas de financiamiento de la educación superior para evitar que la deuda se convierta en un obstáculo para la recuperación económica y el bienestar social.
En conclusión, a partir del 5 de mayo, millones de españoles deberán prepararse para afrontar el regreso de los cobros de préstamos en mora, una medida que, aunque necesaria para fortalecer las finanzas públicas, requiere de un acompañamiento especial para quienes dependen de beneficios sociales y enfrentan dificultades económicas.
La experiencia internacional muestra que una gestión adecuada puede evitar que la deuda educativa se convierta en un problema social mayor, por lo que las autoridades españolas trabajan en estrategias para hacer frente a este desafío.
