Un franquiciado de Popeyes solicita Chapter 11 para reestructurar su deuda mientras mantiene operaciones; la empresa emplea a más de 3.000 trabajadores y opera 136 restaurantes en Florida y Georgia.
Sailormen, Inc., con sede en Miami, sostiene que la medida es necesaria para estabilizar las finanzas en un entorno de costos operativos elevados y de presión por parte de proveedores y arrendadores.
Según documentos judiciales a los que tuvo acceso este medio, la firma busca ganar tiempo para negociar con acreedores y asegurar la continuidad de la red de restaurantes en la región.
La deuda de Sailormen, Inc. asciende a casi 130 millones de dólares, lo que se traduce en aproximadamente 119,6 millones de euros al tipo de cambio vigente. Con una red de 136 restaurantes de #Popeyes en #Florida y Georgia, la compañía emplea a unas 3.272 personas que cobran por hora y mantiene la mayor parte de sus operaciones operativas en pie, al menos por ahora. Este caso llega en un momento en que Popeyes, marca conocida por su pollo frito picante, forma parte de Restaurant Brands International desde 2017, cuando RBI adquirió la cadena y consolidó su presencia internacional junto a otras marcas de comida rápida.
Este marco corporativo podría influir en la forma en que se gestionen las renegociaciones y la reestructuración de Sailormen.
En 2023, Sailormen ya había intentado reducir su exposición mediante la venta de 16 de sus locales de Popeyes. El acuerdo se cayó posteriormente, dejando a la empresa las cargas de arrendamientos y otros compromisos, lo que complicó la liquidez ante una inflación persistente y márgenes operativos reducidos.
A pesar de ese episodio, la empresa indicó que seguirá operando las unidades actualmente abiertas y que trabajará para proteger a su personal durante el proceso de reestructuración.
(Supuestamente, este tipo de maniobras busca preservar la continuidad de servicio para clientes y empleados mientras se negocian otras condiciones.)
El caso de Sailormen se inscribe en un contexto más amplio de desafíos para la industria de comida rápida. Presuntamente, la pandemia de COVID-19 dejó secuelas en las operaciones de servicio, y la inflación continua ha aumentado costos como alquileres, energía y materias primas.
Han generado presión adicional sobre las redes de franquicias que dependen de contratos con propietarios de locales y de acuerdos con proveedores
Estas variables, combinadas con una mano de obra más cara y escasa, han generado presión adicional sobre las redes de franquicias que dependen de contratos con propietarios de locales y de acuerdos con proveedores.
En este sentido, la resolución de Chapter 11 podría sentar precedentes sobre cómo las franquicias regionales, especialmente aquellas que operan grandes portafolios, negocian con propietarios y bancos para proteger su operación y empleo.
Para entender el marco, conviene recordar que Popeyes fue fundada en 1972 en Nueva Orleans y ha pasado por cambios estratégicos a lo largo de su historia.
Su adquisición por parte de RBI en 2017 fue un punto de inflexión que permitió una expansión más acelerada y un mayor respaldo corporativo frente a crisis económicas.
Sin embargo, el crecimiento en el sector de comida rápida ha sido desigual y ha puesto a prueba la resiliencia de redes de franquicias medianas ante shocks económicos.
El desenlace de Sailormen podría repercutir no solo en los 3.272 empleos que actualmente dependen de la empresa, sino también en proveedores locales, en franquicias vecinas y en el plan de expansión de RBI en la región.
Aunque, de momento, la compañía mantiene que las operaciones siguen abiertas y que la reestructuración se hará sin afectar la experiencia de los clientes en las unidades.
A la espera de la decisión de la corte, analistas señalan que el resultado dependerá de la capacidad de negociar acuerdos de alquiler, de optimizar la red de restaurantes y de asegurar liquidez suficiente para atravesar el proceso sin cierres masivos.