El programa Medicaid, que beneficia a millones de estadounidenses, enfrenta cambios que podrían afectar la vida de muchas familias y personas mayores.
El programa Medicaid, que proporciona asistencia sanitaria a millones de personas en Estados Unidos, se encuentra en una situación incierta tras el anuncio reciente del Departamento de Justicia.
Este organismo ha decidido eliminar once directrices que ayudaban a las empresas a cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), lo que podría tener repercusiones significativas para aquellos que dependen de este servicio.
La eliminación de estas directrices se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del gobierno para reducir los costos operativos para las empresas, en respuesta a una orden ejecutiva firmada el 20 de enero por el expresidente Donald Trump.
Esta orden instaba a las agencias federales a tomar medidas para disminuir el costo de vida en el país. Sin embargo, muchos defensores de los derechos de las personas con discapacidad advierten que esta decisión podría socavar las protecciones esenciales que la ADA ofrece a alrededor de una de cada cuatro personas adultas en Estados Unidos, que viven con algún tipo de discapacidad.
Entre las directrices eliminadas se encontraban importantes recomendaciones que surgieron durante la emergencia sanitaria de COVID-19, tales como las relacionadas con el uso de mascarillas y las protecciones para personas con discapacidad en áreas de restaurantes al aire libre.
A pesar de que la pandemia ha disminuido, la Asociación Americana de Personas con Discapacidades ha señalado que muchos de estos lineamientos son aún relevantes.
La organización argumenta que las condiciones relacionadas con COVID-19, como el COVID prolongado, continúan afectando a muchas personas, creando nuevas discapacidades o agravando las ya existentes.
Además, las directrices que abordaban el derecho de las personas a utilizar animales de servicio o las restricciones sobre visitas en hospitales y centros médicos han sido eliminadas, lo cual es particularmente preocupante dado que estas normas se implementaron en un contexto donde las restricciones eran necesarias para prevenir la propagación del virus.
La falta de estas directrices podría dejar a muchas personas vulnerables sin el apoyo adecuado que necesitan en situaciones críticas.
Es importante destacar que las directrices que han sido eliminadas no eran solo recomendaciones; eran parte de un esfuerzo continuo que incluía actualizaciones y ajustes a lo largo de los años, desde 1990, cuando se promulgó la ADA.
Durante esos años, tanto administraciones demócratas como republicanas han reconocido la necesidad de proteger los derechos de las personas con discapacidad, y el retroceso actual ha generado una gran preocupación en la comunidad.
El Departamento de Justicia también ha destacado incentivos fiscales para ayudar a las empresas a cubrir los costos de hacer mejoras para clientes o empleados con discapacidad.
Sin embargo, muchos críticos argumentan que estos incentivos no compensan la pérdida de las protecciones que las directrices ofrecían.
La situación es alarmante, especialmente considerando que un estudio de 2022 del CDC estimó que más de 70 millones de adultos en Estados Unidos tienen alguna discapacidad, y cerca del 44% de los adultos mayores de 65 años también enfrentan algún tipo de limitación.
Las barreras en el acceso a servicios de salud, alojamiento y compras son realidades cotidianas que muchas personas enfrentan.
A medida que se eliminan estas directrices, surge la pregunta: ¿qué pasos se tomarán para asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad continúen siendo atendidas? La comunidad está en alerta y espera que se tomen medidas para no permitir que los derechos de estos individuos sean sacrificados en nombre de la eficiencia empresarial.
