La posible implementación de requisitos laborales más estrictos en Medicaid bajo la legislación de Trump podría afectar a millones de personas de bajos ingresos, aumentando la incertidumbre y las pérdidas de cobertura en un sistema ya frágil.
Esta iniciativa, que actualmente espera la aprobación del Senado tras su paso por la Cámara de Representantes, podría tener un impacto profundo en millones de estadounidenses que dependen de esta cobertura pública.
Uno de los aspectos más controvertidos de la legislación propuesta es la obligación de que los adultos sin discapacidad y sin hijos trabajen un mínimo de 80 horas al mes para mantener su cobertura de Medicaid.
Además, la ley contempla verificaciones de elegibilidad más frecuentes, lo que significa que los beneficiarios tendrían que demostrar su situación laboral o exenciones varias varias veces al año.
La definición de 'personas aptas para trabajar' incluye a quienes no tienen certificados médicos que impidan su empleo, y excluye a inmigrantes indocumentados que reciben #Medicaid a través de fondos estatales.
Este enfoque busca, según sus promotores, incentivar la participación laboral y reducir gastos en el sistema, pero la realidad es que podría dejar a millones en una situación vulnerable.
Históricamente, los sistemas de Medicaid en #Estados Unidos han sido afectados por un fenómeno conocido como 'churn' o rotación, que se refiere a las fluctuaciones mensuales en los registros de elegibilidad de los beneficiarios.
Factores como cambios en los ingresos, pérdida de empleo o errores administrativos generan que muchas personas pierdan cobertura temporalmente, solo para volver a calificar en poco tiempo.
Expertos en salud pública advierten que la introducción de requisitos laborales más estrictos y verificaciones más frecuentes exacerbará este problema, resultando en una mayor cantidad de personas que perderán su cobertura de manera involuntaria.
La directora adjunta del programa de Medicaid y personas sin seguro de la organización KFF, Jennifer Tolbert, explica que estos cambios complicarán aún más los sistemas de elegibilidad, que ya enfrentan dificultades para gestionar las solicitudes y mantener actualizados los registros.
El impacto de estas políticas no es solo teórico. Datos de la administración anterior muestran que en Arkansas, una de las primeras en implementar un requisito laboral, más de 18,000 residentes perdieron su cobertura en los primeros siete meses.
La mayoría de estos casos se debieron a la falta de acceso o desconocimiento de los requisitos administrativos, principalmente en comunidades con limitado acceso a internet.
Millones de estadounidenses en situación de pobreza laboral podrían verse afectados
Las proyecciones indican que, si la ley se aplica a nivel nacional, millones de estadounidenses en situación de pobreza laboral podrían verse afectados.
La Oficina del Presupuesto del Congreso estima que aproximadamente 10.9 millones de personas perderían su cobertura de Medicaid para 2034, principalmente por no cumplir con los requisitos laborales o por errores en los procesos de verificación.
Además, la posible expiración de los créditos fiscales relacionados con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) durante la pandemia, que han facilitado el acceso a seguros privados, podría incrementar aún más los números de personas sin cobertura.
Se calcula que, si estas ayudas desaparecen y la legislación actual se aprueba, hasta 16 millones de estadounidenses podrían quedar sin seguro médico.
Desde una perspectiva histórica, los programas de Medicaid han sido un pilar fundamental en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en EE.UU., ampliados sustancialmente durante la Administración de Lyndon B. Johnson en los años 60. Sin embargo, las recientes propuestas legislativas parecen poner en riesgo estos avances, poniendo en jaque la estabilidad del sistema y la protección de los sectores más vulnerables.
El debate sobre la viabilidad de estos requisitos refleja una tensión entre la eficiencia presupuestaria y la protección social. Mientras algunos políticos argumentan que las condiciones laborales fortalecen la autonomía y el compromiso de los beneficiarios, organizaciones de derechos sociales advierten que estas políticas solo generan más exclusión y sufrimiento para quienes más lo necesitan.
En conclusión, la legislación de Trump en materia de Medicaid, si se aprueba en su forma actual, podría significar un retroceso en la cobertura sanitaria de millones de estadounidenses en situación de pobreza laboral, aumentando la rotación de beneficiarios y dificultando el acceso a atención médica esencial.
