El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito para destinar 60 millones de euros a los servicios de ciberseguridad de las Entidades Locales.

Estos fondos tienen como objetivo fortalecer la seguridad informática de las administraciones locales y prevenir posibles ciberataques.

Además, se destinarán 7 millones de euros para el servicio de apoyo a las Entidades Locales, el cual se prestará mediante un convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Centro Criptológico.

Esta colaboración permitirá brindar un respaldo técnico y especializado a las entidades para garantizar su seguridad en el ámbito digital.

Por otro lado, se asignarán 3 millones de euros para la oficina técnica de la Secretaría General de Administración Digital.

Esta entidad será responsable de llevar a cabo las labores de apoyo a la implementación del proyecto, brindando asesoramiento y recursos necesarios para llevar a cabo las acciones necesarias.

Con estas medidas, el Gobierno busca fomentar la protección de las Entidades Locales frente a las amenazas cibernéticas cada vez más frecuentes y sofisticadas.

La seguridad informática se ha convertido en una preocupación prioritaria para el buen funcionamiento de las administraciones públicas, ya que un ciberataque puede comprometer la confidencialidad y la integridad de los datos almacenados.

En este sentido, es fundamental contar con una adecuada inversión en herramientas y técnicas de ciberseguridad, así como promover la conciencia y formación en este ámbito.

La digitalización de los servicios públicos ha generado una mayor exposición de las administraciones locales a los posibles riesgos, por lo que resulta necesario adoptar medidas de prevención y protección efectivas.

Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública se impulsa el fortalecimiento de la ciberseguridad en el ámbito de las Entidades Locales, reconociendo la importancia de garantizar la privacidad y seguridad en la era digital.

Esta transferencia de crédito es un paso más en el camino hacia una administración pública más segura y resiliente frente a las amenazas cibernéticas.

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