El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha dado su visto bueno a la utilización del Fondo de Contingencia, asignando una suma de 81.672,80 euros, destinada a compensar los daños causados por incendios forestales y otros fenómenos adversos en diversas regiones del país.

Esta medida, aprobada el 30 de julio de 2024, busca atender las necesidades surgidas a raíz de los desastres ocurridos entre el 21 de junio de 2023 y el 26 de febrero de 2024.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha sido el encargado de gestionar este crédito extraordinario, con el fin de facilitar la convocatoria de subvenciones necesarias para la recuperación de las áreas más afectadas.

A través de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, el ministerio había iniciado un procedimiento para asegurar que las ayudas previstas en un Acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de marzo de 2024 lleguen a las entidades locales que lo requieran.

Este acuerdo establece que se otorgarán ayudas a comunidades autónomas, ayuntamientos y otros organismos relacionados, permitiendo que se les concedan subvenciones de hasta el 50% del costo de los proyectos que se ejecuten en relación a los daños causados.

Sin embargo, es importante señalar que los trabajos realizados por el propio personal de la entidad local no serán elegibles para estas subvenciones.

Las emergencias provocadas por incendios en la última temporada han sido severas, obligando al Gobierno a actuar de manera urgente para ofrecer apoyo a las comunidades damnificadas.

Este hecho se inscribe dentro de un contexto más amplio de cambios climáticos y aumento de la frecuencia de fenómenos naturales adversos, lo que ha llevado a la implementación de políticas de recuperación y reconstrucción de infraestructuras dañadas.

Históricamente, España ha sufrido diversas catástrofes naturales que han puesto a prueba la resiliencia de sus poblaciones.

Por ejemplo, en 2021, el sur de España vivió un verano marcado por incendios devastadores que arrasaron miles de hectáreas.

La respuesta del Gobierno, en esos casos como en el actual, se ha centrado en ofrecer ayudas directas a las entidades locales, facilitando su capacidad de respuesta y recuperación.

La aprobación de este crédito extraordinario es un paso importante para facilitar la recuperación de las comunidades afectadas.

La inversión se enmarca en la Ley General Presupuestaria y busca garantizar que se disponga a tiempo de los recursos necesarios para atender las responsabilidades adquiridas por el Estado.

Estos fondos se destinarán específicamente para subvencionar daños en infraestructuras municipales y la red viaria, apoyando así la reconstrucción y recuperación post-desastre.

El Gobierno se compromete a seguir apoyando a las comunidades más vulnerables frente a los efectos de los desastres naturales, asegurando que se cuente con las herramientas necesarias para su pronta recuperación.