El Consejo de Ministros ha aprobado la autorización a las comunidades autónomas de Murcia y Extremadura para formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un total de más de mil millones de euros.

Imagen relacionada de gobierno autoriza endeudarse murcia extremadura mas mil millones euros

En una reciente sesión del Consejo de Ministros, se ha dado luz verde a la Región de Murcia y a Extremadura para llevar a cabo operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 811,6 y 350 millones de euros, respectivamente.

Estas autorizaciones se basan en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). En el caso de Murcia, se le ha concedido autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un monto máximo de 811.600.000 euros, destinados a cubrir necesidades transitorias de tesorería durante el año 2024. Por otro lado, Extremadura ha obtenido autorización para formalizar operaciones de deuda por un total de 350 millones de euros, con el objetivo de atender sus necesidades transitorias de tesorería en el mismo periodo.

Imagen relacionada de gobierno zaragoza mejora infraestructuras servicios barrios rurales
El Gobierno de Zaragoza se compromete a mejorar las infraestructuras y servicios en los barrios rurales
El Gobierno de Zaragoza continuará impulsando la mejora de las infraestructuras y los servicios de los 14 barrios rurales de la ciudad, según han anunciado el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y la concejala delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa. Durante una reunión con los presidentes de las juntas vecinales, se repasó la situación actual de los convenios vigentes con la Diputación Provincial de Zaragoza y se informó de una posible ampliación de actuaciones.


Cabe destacar que estas autorizaciones solo son válidas para operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2024. Con esta medida, el Gobierno busca garantizar la estabilidad financiera de las comunidades autónomas y contribuir al correcto funcionamiento de sus finanzas públicas.

Además, estas decisiones se enmarcan en el marco legal establecido para asegurar una gestión responsable de los recursos económicos disponibles.

Así, se fortalece el compromiso con la transparencia y la sostenibilidad en la gestión de los fondos públicos destinados al desarrollo y bienestar de la ciudadanía.