El Gobierno ha aprobado una tasa adicional de estabilización de empleo temporal en la Administración del Estado, con el objetivo de reducir la temporalidad y fortalecer los servicios públicos.

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El Gobierno ha dado luz verde a una medida que busca fortalecer los servicios públicos y reducir la temporalidad en la Administración del Estado.

Se trata de una tasa adicional de estabilización de empleo temporal que permitirá la incorporación de casi 900 plazas en la Administración General del Estado.

Esta medida es una muestra del compromiso del Gobierno con la mejora de la calidad en el empleo público.

La medida cuenta con el respaldo de las centrales sindicales, que aprobaron las cifras en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 22 de diciembre.

Con esta medida, el Gobierno avanza hacia el cumplimiento del objetivo de situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas, como se establece en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La oferta de empleo público que se aprueba contempla 884 plazas, la mayoría de ellas destinadas a funcionarios de la Administración General del Estado.

Estas plazas se distribuyen entre los cuerpos A1, A2, C1 y C2, así como personal laboral de Instituciones Penitenciarias.


También se incluyen plazas de personal estatutario en el ámbito de la sanidad y las trasplantes.

Los procesos de selección para la estabilización de empleo temporal deberán cumplir los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Se utilizará el sistema de concurso para la selección de personal.

Estos procesos deben estar resueltos antes del 31 de diciembre de 2024.

Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad del empleo público.

Se pretende disponer de unos servicios con medios humanos y materiales suficientes y de calidad, que presten servicios a todos los ciudadanos del país.

Esta medida se suma a las ofertas de empleo público sin precedentes que se han llevado a cabo en los últimos años, con el objetivo de reforzar las plantillas de empleados públicos y compensar los años de recortes.

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