Miles de prestatarios de préstamos estudiantiles en Estados Unidos podrían enfrentarse a embargos salariales a partir de este verano, en medio de cambios en la normativa y medidas de cobro por parte del gobierno. La situación genera preocupación y debate sobre el impacto en la economía y los derechos de los deudores.
La previsión indica que aproximadamente un millón de deudores podrían llegar a estar en situación de incumplimiento en ese mes, sumándose a los cerca de 2 millones que ya estarían en mora, estimados previamente para julio.
El proceso de incumplimiento en los préstamos federales generalmente se activa cuando los pagos atrasados superan los 270 días, es decir, unos 9 meses.
La misma fuente proyecta que en septiembre otros dos millones de prestatarios podrían entrar en mora. Aunque el Departamento de Educación anunció que comenzaría a cobrar los préstamos en incumplimiento a partir del 5 de mayo, todavía no hay claridad sobre cuándo se iniciarán los embargos salariales, que son una de las medidas más severas para recuperar la deuda.
Supuestamente, hasta ahora, el gobierno no ha comenzado a realizar embargos en las nóminas ni en beneficios federales, como las prestaciones por jubilación o Seguridad Social, aunque se espera que estos puedan empezar «a finales del verano».
La Administración, liderada por la Secretaria de Educación Linda McMahon, ha enviado correos electrónicos a más de 23 millones de prestatarios recordándoles su obligación de pagar y ha recaudado más de 250 millones de dólares en cuotas voluntarias y programas de recuperación de préstamos en mora.
Los embargos salariales permiten al gobierno ordenar a los empleadores que retengan hasta un 15% de los salarios de los prestatarios en mora para saldar la deuda.
Esta medida puede mantenerse hasta que la deuda sea saldada en su totalidad o hasta que el préstamo sea eliminado de la categoría de incumplimiento. La amenaza de embargos ha generado un debate sobre las políticas de cobro y los derechos de los deudores, en un contexto donde la administración de Trump ha impulsado varias reformas en el sistema de préstamos estudiantiles.
Supuestamente, en agosto, el interés sobre estos préstamos volvió a acumularse tras una pausa, en línea con la estrategia del gobierno para presionar a los prestatarios a regularizar sus pagos.
Además, el presupuesto aprobado en julio contempla límites de por vida en la cantidad que los estudiantes pueden solicitar en préstamos, así como el fin de ciertos programas de condonación y planes de pago personalizados.
Para quienes desean evitar los embargos, las alternativas incluyen negociar con las agencias de cobranza o solicitar audiencias para impugnar las acciones de cobro.
Estas solicitudes deben realizarse en un plazo de 30 días desde la notificación de la intención de embargar. Además, existe la opción de solicitar un acuerdo de rehabilitación, que consiste en realizar pagos puntuales durante un período determinado para suspender provisionalmente los embargos.
Supuestamente, la situación actual refleja un escenario en el que más de 42 millones de prestatarios deben en total más de 1,5 billones de dólares (alrededor de 1,4 billones de euros), y más de 5 millones están en mora.
La creciente carga de #deuda estudiantil y las medidas de cobro agresivas han generado preocupación sobre su impacto en la economía y en las familias que dependen de sus salarios para sobrevivir
La creciente carga de deuda estudiantil y las medidas de cobro agresivas han generado preocupación sobre su impacto en la economía y en las familias que dependen de sus salarios para sobrevivir.
En definitiva, el inicio de los embargos salariales en los próximos meses marcará un capítulo importante en la gestión de la deuda de los estudiantes en Estados Unidos, en un contexto de reformas y cambios en las políticas públicas.
