Un ex detective de la policía de Nueva York, ahora residente en Florida, desarrolla una enfermedad autoinmune rara tras los ataques del 11 de septiembre y expresa su inquietud por las demoras en la atención del programa de salud para víctimas del 11-S.

Un veterano detective retirado de la policía de Nueva York, actualmente residiendo en St. Augustine, Florida, ha generado alarma al expresar su preocupación por las demoras en la implementación y atención del Programa de Salud del World Trade Center (WTC).
Este programa, establecido para asistir a las víctimas y responder a las enfermedades relacionadas con los atentados del 11 de septiembre de 2001, enfrenta supuestamente dificultades que amenazan la cobertura y el apoyo a quienes sufren secuelas de aquel trágico evento.
El detective Richard Volpe, quien sirvió en la división de narcóticos de la NYPD durante el 11-S, fue diagnosticado en 2003 con una enfermedad autoinmune poco común, IgA nefropatía, que deterioró de manera significativa la función de uno de sus riñones.
A pesar de que en su momento recibió un trasplante, advirtió que la enfermedad podría volver a poner en riesgo su vida en cualquier momento. La preocupación de Volpe es compartida por muchos en la comunidad de veteranos y sobrevivientes, ya que presuntamente las investigaciones y estudios necesarios para incluir condiciones como las enfermedades autoinmunes en las coberturas del programa siguen retrasadas.
Supuestamente, el programa, que fue creado bajo la Ley James Zadroga en 2010, tiene como objetivo ofrecer evaluaciones médicas y tratamientos a los afectados por la exposición a sustancias tóxicas en Ground Zero.
Sin embargo, en la práctica, muchos beneficiarios alegan que las demoras en la aprobación de estudios y en la inclusión de nuevas condiciones de salud están poniendo en riesgo su bienestar.
La situación ha generado inquietud entre los 140,000 primeros respondedores y sobrevivientes inscritos, quienes temen que la falta de atención oportuna pueda derivar en muertes evitables.
Históricamente, el programa ha sido un símbolo de reconocimiento y apoyo a quienes respondieron a la emergencia del 11-S. Sin embargo, en los últimos años, supuestamente ha sufrido recortes presupuestarios y una reducción en la plantilla, lo que ha afectado su capacidad de investigación y atención.
La administración del expresidente Donald Trump, así como la actual, han sido criticadas por no priorizar adecuadamente las necesidades del colectivo, a pesar de las promesas de continuidad y protección del programa realizadas en audiencias legislativas.
El caso de Volpe también refleja un problema más amplio: las enfermedades autoinmunes y otros trastornos que parecen tener una incidencia mayor en la comunidad del 11-S, pero que aún no cuentan con cobertura oficial.
La falta de reconocimiento oficial y de recursos para estudios específicos imposibilita a muchos afectados acceder a tratamientos adecuados, y algunos deben pagar de su bolsillo, con costos que en Europa serían cubiertos por sistemas de salud públicos y que, en su ejemplo, equivaldrían a miles de euros por tratamiento.
Mientras tanto, la memoria de aquel día trágico sigue viva en las ceremonias conmemorativas que cada año recuerdan a las víctimas en la zona cero y en todo Estados Unidos.
Pero, en medio de estos homenajes, los sobrevivientes y sus familias enfrentan una realidad que, presuntamente, aún no recibe la atención que merece.
La incertidumbre sobre la cobertura médica y la demora en la investigación de nuevas condiciones de salud son una carga adicional para aquellos que, como Volpe, luchan por sobrevivir y proteger a sus seres queridos.
Expertos y defensores del programa advierten que estas demoras podrían tener consecuencias fatales si no se abordan con prontitud. La comunidad del 11-S espera que las autoridades tomen medidas para acelerar los estudios, ampliar la cobertura y garantizar que ningún sobreviviente quede sin el apoyo necesario para enfrentar las secuelas de aquel día que cambió la historia de Estados Unidos y del mundo.