El club Talleres de Córdoba toma medidas legales contra la AFA para frenar la asamblea que reeligirá a Claudio Tapia, argumentando irregularidades en el proceso electoral.

La confrontación entre el Gobierno argentino y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) se intensifica, y en esta ocasión, Talleres de Córdoba se convierte en un actor clave en esta disputa.

Andrés Fassi, presidente del club cordobés, ha presentado una solicitud ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para cancelar la asamblea programada para el 17 de octubre, donde se planea la reelección de Claudio Tapia como presidente de la AFA.

Fassi ha dirigido su carta a Daniel Roque Vitolo, que lidera la IGJ, con el propósito de “informar sobre una situación irregular” relacionada con las elecciones en la AFA. En el documento, el presidente de Talleres argumenta que estas elecciones están programadas para llevarse a cabo “fuera de tiempo y sin consulta”, lo que constituye una violación de los estatutos internos y de la ley vigente.

La elección anticipada de Tapia, un año antes de lo que estipulan los estatutos, permite que se presentara una única lista en la que se distribuyeron los distintos cargos, incluida la vicepresidencia para Juan Román Riquelme.

Este adelantamiento responde a la presión generada por el actual Gobierno de Javier Milei, que ha manifestado su interés en permitir la creación de Sociedades Anónimas Deportivas, una situación que se facilita mediante el DNU 70/2023, recientemente reglamentado.

La AFA ha tratado de responder legalmente a las acciones del Gobierno federal.

Al presentar su caso, Talleres hace referencia al artículo 35 del Estatuto de la AFA, que establece que el mandato de las autoridades debe comenzar después de la celebración de la asamblea.

Por ello, sostiene que si se procede con las elecciones, se estaría reduciendo de manera ilegal el tiempo de mandato de la actual dirigencia.

Talleres argumenta que las autoridades actuales tienen un mandato que se extiende hasta octubre de 2025, por lo que cualquier intento de anticipar estas elecciones sería una violación de las normativas estatutarias.

Además, el presidente Fassi resalta que “la transparencia del sistema democrático se vería comprometida” si se llevan a cabo estas elecciones.

La solicitud de Talleres también menciona que la rapidez del proceso electoral ha impedido que se consideren otras opciones para la dirigencia de la AFA.

Fassi, que ha tenido vínculos previos con Grupo Pachuca y actualmente está involucrado en MountainStar Sports Group, aboga por un enfoque empresarial en la gestión del fútbol argentino, destacando la importancia de priorizar los intereses del deporte.

En este contexto, su propuesta es que se realicen debates que incluyan a todos los sectores del fútbol para definir el futuro del mismo.

Entre las críticas sobre la gestión de la AFA, Fassi también ha mencionado la necesidad de mejorar la gestión administrativa, la equidad deportiva y la profesionalización del arbitraje.

Talleres no solo está demandando una declaración de irregularidad sobre la asamblea y la lista única, sino que también solicita que se suspendan las elecciones programadas para el 17 de octubre.

La situación es compleja y está marcada por maniobras políticas, incluyendo el intento de trasladar la sede de la AFA, lo que refleja la tensión existente entre las instituciones del fútbol y las autoridades gubernamentales.

En respuesta a estas acusaciones, Pablo Toviggino, que actúa como una figura influyente en la AFA, ha descalificado las afirmaciones de Fassi, minimizando el proceso judicial como un simple juego político.

Este intercambio tensión continúa revelando la intrincada relación entre el fútbol argentino y su entorno político.