El incidente violento en el estadio Libertadores de América evidenció graves fallos en la planificación y ejecución de los protocolos de seguridad, que culminaron en una batalla entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile. La ausencia de respuesta policial adecuada y la sobreconfianza en las medidas adoptadas propiciaron una situación de caos que pudo haberse evitado.
La magnitud de los hechos revela un claro fracaso en la planificación de #seguridad y la poca disposición por parte de las autoridades policiales de la provincia de Buenos Aires, que optaron por no intervenir en un momento crítico.
Lo que todavía permanece en el aire es el razonamiento que llevó a los efectivos a no actuar cuando la pelea se intensificó con la entrada de los barras argentinas en la tribuna visitante.
La investigación de Clarín permitió reconstruir cómo debería haberse gestionado este tipo de eventos bajo las normativas de la #Conmebol y las autoridades argentinas.
Desde un principio, las evaluaciones indican que la organización falló en múltiples aspectos. Un factor clave fue la supuesta confianza excesiva de los responsables del club local. Una fuente vinculada a la seguridad de uno de los clubes argentinos en torneos internacionales señaló que la barra de #Universidad de Chile es reconocida por su #violencia en todo el continente, y que esa peligrosidad debería haberse considerado en la planificación.
Por otra parte, la infraestructura del estadio de #Independiente no está preparada para afrontar encuentros con público visitante. A diferencia de otros estadios en Argentina, la Pavoni Alta no posee un sistema de corrales o barreras adecuadas que contengan a las facciones violentas.
La presencia de baños con mingitorios, utilizada habitualmente por los locales, evidencia que toda la estructura no se modificó para cumplir con requerimientos de seguridad internacional, y agregar cómplices logísticos a los posibles incidentes.
El acuerdo con la Conmebol establecía un mínimo de 2.000 entradas para visitantes en partidos de octavos y cuartos de final, y 4.000 en semifinales, lo que conlleva una recaudación significativa —en este caso, alrededor de 45.000 euros por cada boleto de 50 dólares—. La presencia de aproximadamente 4.000 hinchas chilenos en la cancha, todos abonando por sus entradas, generó una recaudación de cerca de 180.000 euros, lo que también hizo que la suma de recursos económicos se convirtiera en un incentivo para la organización, aunque esta no se tradujo en una seguridad efectiva.
Cabe destacar que los protocolos y manuals de seguridad que cada año reciben los clubes de parte de la Conmebol son exhaustivos
Cabe destacar que los protocolos y manuals de seguridad que cada año reciben los clubes de parte de la Conmebol son exhaustivos, destinados a prevenir este tipo de incidentes.
Sin embargo, en la práctica, la coordinación y la ejecución muchas veces quedan en deuda. Antes de cada encuentro, las autoridades del club local se reúnen con la Policía, bomberos y funcionarios municipales para definir los recursos y personal necesario.
La fase final de estos planificaciones suele concretarse con la aprobación formal de Conmebol, que otorga el aval días antes del partido.
Un aspecto importante y a menudo malinterpretado es el papel de las fuerzas policiales. La Policía de Buenos Aires sí tiene la facultad de ingresar a las canchas, en contraste con la Policía de la Ciudad que actúa dentro de los límites jurisdiccionales de la ciudad.
La inacción vista en el Libertadores de América contrasta con episodios similares en otros estadios como el Cilindro de Avellaneda, donde los efectivos de la Guardia de Infantería custodian a los visitantes.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich expresó públicamente que la estrategia de no intervención fue una decisión política, pues temían que la presencia policial dentro del estadio pudiera derivar en una tragedia mayor, especialmente en un contexto de violencia familiarizado en el fútbol argentino.
Desde la perspectiva de la seguridad, la falta de respuesta policial en ese momento fue determinante para que la violencia se desataran sin control. La seguridad privada, operada por la empresa Up, no está capacitada para actuar en escenarios de conflictos de alta peligrosidad. Por tal razón, la responsabilidad recae en la planificación y decisión de las autoridades responsables de resguardar la integridad de todos los asistentes.
La situación en Independiente remarca que la confianza excesiva y la subestimación de los riesgos pueden tener costos económicos y sociales muy elevados.
