La marcha de jubilados genera preocupación en el Gobierno, que prepara un operativo policial para evitar disturbios, ante la participación de barras bravas.
La preocupación por la seguridad se ha intensificado en el seno del Gobierno argentino debido a la próxima marcha de jubilados programada para este miércoles.
La manifestación, que se llevará a cabo frente al Congreso de la Nación, ha suscitado inquietudes ante la posible participación de barras bravas, lo que podría provocar disturbios durante el evento.
El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, ha anunciado que se implementarán medidas de contingencia en un esfuerzo por prevenir cualquier tipo de violencia.
Según se ha informado, se desplegarán cerca de 1,000 agentes de las Fuerzas Federales para resguardar el orden público, en un operativo que recuerda las intensas medidas de seguridad tomadas durante los clásicos del fútbol argentino.
En un comunicado, el Ministerio destacó que cualquier hincha que infrinja la ley será identificado y detenido, lo que incluiría sanciones severas como la prohibición de acceso a eventos deportivos en todo el país.
Bullrich ha subrayado que se prohibirán acciones que interrumpan el funcionamiento del transporte público y los servicios esenciales, reafirmando la postura del Gobierno frente a lo que consideran una provocación por parte de los organizadores de la marcha.
La movilización de jubilados, que ocurre semanalmente, ha estado acompañada en otras ocasiones por el Polo Obrero y varias organizaciones de izquierda, y ha cobrado un impulso especial desde la llegada al poder de Javier Milei.
Esto se debe a los déficits acumulados por los jubilados en administraciones anteriores, que han generado un clima de descontento generalizado.
Esta semana, más de 15 hinchadas de diferentes clubes de fútbol se han autoconvocado para apoyar a los jubilados, elevando la tensión en torno a la manifestación.
Equipos como River, Boca, Independiente, y Racing, entre otros, han hecho uso de redes sociales para expresar su respaldo, planteando la defensa de los derechos de los jubilados frente a lo que consideran represalias por parte de la Policía.
Patricia Bullrich, en su papel de ministra, ha dejado en claro que cualquier acción violenta será abordada con rigor. 'No permitiremos que se agredan a nuestros agentes ni que se perturbe el orden público', afirmó. La reacción del Gobierno no es casual, ya que consideran que hay un intento desestabilizador detrás de esta movilización, similar a otras manifestaciones previas que también contaron con la participación de diversos sectores sociales.
En los últimos años, Argentina ha sido testigo de un creciente resentimiento social que se manifiesta en diversas formas, desde marchas estudiantiles hasta movilizaciones de trabajadores.
Este descontento ha empujado a la clase política a una situación compleja, donde cada manifestación es vigilada de cerca por el Gobierno. La presencia de barras bravas, que históricamente han tenido vínculos con el peronismo, añade una capa de complejidad a la situación, haciéndola más volátil.
El operativo de seguridad que se implementará es una respuesta directa a la experiencia de episodios de violencia anteriores, donde las hinchas han tenido un papel protagónico.
La convocatoria de algunas organizaciones de DDHH ha llevado a la controversia, ya que existe un temor generalizado hacia la infiltración de elementos violentos, que podrían desvirtuar el propósito pacífico de la protesta.
Con un país dividido y tensiones crecientes, la marcha de jubilados se presenta como un nuevo desafío para la administración actual, que busca equilibrar la respuesta a la movilización pacífica sin caer en la represión.
Todo ello en un contexto donde la política y el fútbol parecen entrelazarse cada vez más, haciendo que la esfera deportiva se convierta también en un terreno de lucha social.
