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La Cámara Sudamericana de Agentes Deportivos (CSAD) obtuvo una importante victoria judicial que cambia las reglas impuestas por la FIFA en Argentina.

La demanda presentada consiguió voltear la reglamentación de la FIFA que limitaba el campo de acción de los representantes de jugadores en el país.

Esta medida cautelar, firmada por Gonzalo Auguste del Juzgado Civil y Comercial N°10, permite a los representantes trabajar libremente en Argentina, bajo las leyes laborales locales.

El fallo implica la suspensión del Reglamento sobre Agentes de Fútbol (RFAF) en el país, sumándose a otros países como España, Inglaterra, Alemania y Brasil.

El estudio jurídico que patrocinó la CSAD planea ir por la nulidad total de este reglamento.

Se espera que en los próximos días se notifique oficialmente a Zurich, sede de la FIFA.

Ezequiel Cassagne, el letrado a cargo de la demanda, cuestionó varios puntos del reglamento que favorecían a los clubes europeos en detrimento de los agentes locales.

Entre las situaciones criticadas se encuentra la exigencia de depositar los honorarios a través de la Cámara de Compensación de la FIFA, lo cual resultaba complicado debido a las restricciones cambiarias en Argentina.

Además, el reglamento no permitía pactar la exclusividad con los futbolistas, atar los honorarios a futuras ventas, representar a menores de edad, entre otros aspectos.

Según Cassagne, estas normativas destruían la naturaleza de la representación de los agentes locales.

El RFAF estaba en vigor desde el año pasado, pero la demanda presentada por la CSAD y su posterior victoria judicial logró cambiar el panorama para los agentes argentinos.

La sentencia indica que el reglamento no se relaciona con la práctica del deporte, sino que busca regular la actividad de los agentes sin contar con la autorización legislativa correspondiente por parte de la FIFA.

En resumen, la CSAD logró una importante victoria que permite a los agentes de fútbol en Argentina trabajar sin las restricciones impuestas por la FIFA, en un sector que se rige ahora por las leyes nacionales y las garantías constitucionales del país.