La reunión del Comité Ejecutivo derivó en un paro inédito del fútbol argentino, con la suspensión de la novena fecha del Torneo Apertura y la citación de dirigentes a declarar por presuntas irregularidades. El conflicto mezcla acusaciones, intereses y una lectura política que trasciende lo deportivo.
Por decisión unánime, los dirigentes resolvieron obligar a los jugadores a convertirse en actores clave de una huelga de brazos caídos y dieron inicio a una suspensión de la novena fecha del Torneo Apertura, prevista para el periodo del 5 al 8 de marzo.
Casualmente, esos días coincidían con las indagatorias a los directivos mencionados y a otros cargos directivos. La medida abarcó a todas las categorías del Ascenso.
Tapia y #Toviggino estuvieron en el centro de la conversación, que además tuvo a otros protagonistas en la mesa. La denuncia de #ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) reclama 19.353.546.843,85 ARS por incumplimientos fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Traducido a euros, al tipo de cambio considerado para esta nota (1 EUR = 350 ARS), el monto sería de aproximadamente 55,3 millones de euros. Este dato se incorporó para situar el marco económico de la polémica sin desvirtuar que se trata de una denuncia que, desde la perspectiva de la AFA, intentaría convertir el hecho en una controversia de tipo político y judicial más que en una cuestión puramente deportiva.
Entre los citados a declarar figuran el propio #Tapia y el tesorero, además del secretario de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, y otros directivos que gestionaron cargos en distintos clubes.
También está previsto que comparezcan figuras vinculadas a la conducción de clubes grandes y medios, lo que ha provocado que la sesión se mantenga como un acto de alto voltaje político dentro del #fútbol argentino.
Una fuente cercana al Gobierno comentó a este medio que la intención es dar batalla y sostener que la denuncia podría estar motivada por intereses políticos, un argumento que ha estado presente en distintos momentos de la historia reciente del fútbol argentino.
En la previa de la cumbre, se había evaluado la posibilidad de emitir un comunicado conjunto, pero la mayoría de los dirigentes se inclinó por apoyar el paro como respuesta a lo que describían como una presión desmedida.
Uno de los dirigentes que habló a favor de detener la actividad fue un vicepresidente de un club con peso institucional. Otros clubes importantes, como Boca, Estudiantes de La Plata y Estudiantes de Río Cuarto, se retiraron de la convocatoria inicial; tampoco estuvieron presentes representantes de otros cuadros relevantes y el club River Plate, si bien acompañó en la conversación, no paralizó sus actividades cotidianas.
La discusión también dejó claro que hay una lectura más amplia sobre el control del fútbol y la futura configuración de las denominadas Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)
La discusión también dejó claro que hay una lectura más amplia sobre el control del fútbol y la futura configuración de las denominadas Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un tema que ha generado debates prolongados en el ámbito deportivo y político.
Se mencionó la posibilidad de que estas reformas afecten la estructura de gestión de los clubes y su financiación, un asunto que ha generado tensiones entre distintos actores del ecosistema futbolístico.
Entre los asistentes a la reunión en Ezeiza, Tapia y Toviggino defendieron públicamente la postura de la cúpula y mostraron supuestas evidencias para respaldar su gestión.
Aun así, la discusión dejó abierta la interrogante sobre el destino de los recursos y la gobernanza del fútbol argentino, algo que los clubes y aficionados observan con atención.
En declaraciones a distintos medios, otros dirigentes expresaron su preocupación por las posibles represalias y por las consecuencias para la competencia y la afición, que ya enfrentan el obstáculo de no poder asistir a los partidos programados.
La AFA, mediante un comunicado publicado en su sitio oficial y difundido en redes, insistió en la necesidad de respetar los marcos legales y resaltar que las obligaciones fiscales deben regularizarse en forma oportuna.
El tono de la nota oficial apunta a una defensa de la integridad institucional y a la defensa de que el fútbol profesional, tal como se administra en la región, debe convivir con mecanismos de control y sanción que disuadan el uso político de las responsabilidades deportivas.