El Tribunal de Disciplina de la AFA impuso una sanción inédita y severa a Estudiantes de La Plata por su comportamiento durante un partido, en medio de una controversia que incluye sospechas de manipulación de documentos oficiales y repercusiones para sus dirigentes y jugadores.

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La decisión se basa en la actuación de los jugadores de Estudiantes en el pasillo de ingreso tras la victoria y la supuesta incitación a la violencia, lo que motivó una serie de sanciones que han suscitado tanto críticas como interrogantes.

Los once futbolistas titulares en el partido de octavos de final del Torneo Clausura fueron suspendidos por dos partidos, en una medida que debe cumplirse en el próximo torneo oficial en el que el club participe.

Esto implica que podrán jugar de nuevo en encuentros programados, como el frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Entre los afectados se encuentran figuras como Facundo Farías y Santiago Núñez, además del arquero Fernando Muslera, con lo cual la medida tuvo un impacto significativo en la plantilla.

Además, Santiago Núñez, capitán del equipo, fue sancionado con la suspensión de tres meses en todas las actividades relacionadas con el fútbol, por su rol de líder durante el incidente, y no podrá ejercer funciones de liderazgo ni participar en eventos oficiales de la institución durante ese período.

El motivo declarado para esta drástica sanción fue la incitación a la violencia por parte de los futbolistas, vinculada a su forma de reaccionar ante la designación de Rosario Central como campeón del torneo.

La misma fue la única entidad que públicamente expresó su desacuerdo con la decisión de la Liga Profesional de asignar a dedo al campeón. El club afirmó que la sanción refleja una intención de disciplinar y delimitar conductas, pero la polémica aumentó cuando se conocieron detalles adicionales.

En paralelo, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, también fue sancionado con una suspensión de seis meses en toda actividad vinculada al fútbol, en una medida que impide su participación en reuniones oficiales, firma de documentos o incluso su presencia en los estadios en calidad de directivo.

La sanción busca limitar su influencia en las decisiones deportivas y administrativas del club.

Este monto refleja la gravedad con la que la #AFA ha tratado el asunto

Otra arista del asunto es la multa económica, establecida en 4.000 entradas, equivalentes a aproximadamente 330.000 euros, según la cotización actual. Este monto refleja la gravedad con la que la AFA ha tratado el asunto, reforzando su postura de mantener el orden y sancionar conductas que consideren dañinas para la integridad del torneo.

El caso ha trascendido lo deportivo, dado que también emerge una controversia sobre la autenticidad de un documento clave que sustenta la sanción. Se trata del llamado ‘PDFGate’, que involucra un protocolo oficial que supuestamente debió aplicarse en el pasillo de celebración. Sin embargo, el documento fue hallado en línea con una fecha y hora que no coinciden con la circular oficial, y a través de peritajes informáticos se concluyó que el archivo había sido modificado mediante un programa de edición de PDFs, insinuando posible adulteración.

Expertos en informática consultados por diversos medios indicaron que los metadatos del archivo señalan una modificación posterior a la fecha oficial del documento, lo que podría constituir un delito ligado a la falsificación de documentos oficiales y causar un daño a la imagen del fútbol argentino.

La sospecha radica en que este tipo de manipulación podría haber sido utilizada para fundamentar sanciones o decisiones disciplinarias que, además de controversiales, podrían estar basadas en información alterada.

El episodio de ‘PDFGate’ y las medidas disciplinarias en sí reflejan un momento complejo en la historia reciente del fútbol en Argentina, donde las tensiones entre dirigentes, instituciones y jugadores se intensifican, en un contexto de incertidumbre y demandas de mayor transparencia.

La situación ha provocado reacciones diversas, desde apoyo a la decisión disciplinaria hasta acusaciones de abuso de poder y manipulación, poniendo de manifiesto la necesidad de reformas que garanticen procesos más claros y justos en el deporte.

Finalmente, la controversia también remite a pasajes históricos en los que irregularidades administrativas y policiales marcaron el rumbo del fútbol argentino, en particular durante las décadas pasadas donde las instituciones lucharon por mantener el orden frente a la influencia de intereses oscuros.