La Conmebol ha abierto un expediente disciplinario a los clubes Independiente y Universidad de Chile tras los graves hechos de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América durante los octavos de final de la Copa Sudamericana, con posibles sanciones económicas y deportivas.

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Estos hechos representan una de las situaciones más preocupantes en la historia reciente del fútbol sudamericano y marcan un avance en la postura de la #Conmebol de tomar medidas ante la violencia en los estadios.

La decisión fue formalizada mediante un comunicado oficial en el que se detallan las acciones a seguir. La entidad paraguaya, con sede en Luque, emitió un informe que incluye el análisis del árbitro uruguayo Gustavo Tejera, y establece un plazo de cinco días para que ambos clubes puedan presentar sus alegatos, es decir, hasta las 13 horas del 27 de agosto, hora de Paraguay.

La Conmebol dejó en claro que el proceso puede derivar en #sanciones que van desde multas económicas hasta la pérdida del partido por 3-0, dependiendo de la gravedad de las infracciones, incluyendo posibles descalificaciones.

Desde un punto de vista económico, las multas oscilan entre los 2.700 y los 45.000 euros, según las infracciones cometidas, como arrojar objetos al campo, demorar el inicio del encuentro, actos racistas o daños en las instalaciones.

Además, la normativa permite que, en casos considerados excepcionales, las autoridades deportivas puedan imponer sanciones que impliquen la pérdida del partido o la descalificación de uno o ambos equipos.

El informe arbitral revela un escenario de caos y violencia en los instantes previos y durante el desarrollo del encuentro. En el primer tiempo, los hinchas de Universidad de Chile, ubicados en la tribuna Sur Alta, arrojaron objetos y líquidos hacia la parcialidad local, mientras que en el descanso, se documentó que los visitantes dañaron baños y lanzaron restos como proyectiles.

La seguridad intentó controlar la situación, pero fue rechazada por las autoridades policiales presentes, que alegaron riesgo de una tragedia mayor.

Apenas reanudado el partido en la segunda mitad, tras pedidos de calma por parte de los capitanes y de la voz del estadio, solo se jugararon dos minutos.

Un hincha de #Independiente ingresó al campo herido en la cabeza

En ese breve lapso, un hincha de Independiente ingresó al campo herido en la cabeza, y la violencia se intensificó con el lanzamiento de butacas, piedras y una bomba de estruendo por parte de los seguidores visitantes.

Además, algunos hinchas locales treparon a la tribuna visitante y se produjeron enfrentamientos directos cuerpo a cuerpo.

La situación empeoró cuando varios hinchas de Independiente ingresaron en la bandeja visitante y atacaron a los autobuses del club chileno, que estaban en el exterior del estadio.

Los capitanes de ambos equipos, Reinaldo Rey y Charles Aránguiz, manifestaron públicamente que el juego no podía continuar en esas condiciones. La decisión final de suspender el encuentro fue adoptada en coordinación con los oficiales de seguridad, en un contexto en el que la Policía Bonaerense se negó a ingresar en la tribuna visitante, respaldando la medida del delegado del partido.

El Viceministro de Seguridad de la provincia, Darío Ruiz, ratificó que la situación representaba un peligro para todos los asistentes y justificó la suspensión, que se oficializó a las 23:35, hora local.

La Conmebol también había sea advertido previamente de no habilitar la tribuna Sur Baja para el público local, recomendación que fue ignorada por Independiente, que había vendido esas entradas.

En conjunto, estos hechos evidencian la necesidad de implementar medidas más estrictas para evitar que sucesos similares vuelvan a poner en riesgo la integridad del espectáculo, la seguridad de los asistentes y la reputación del fútbol sudamericano.

La historia del deporte rey en la región comienza con muchas celebraciones, pero también con episodios de violencia que, en los últimos años, han llevado a sanciones económicas y a la suspensión de partidos, buscando así mantener el orden y la justicia en las competencias oficiales.