El nuevo Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Cataluña busca asegurar la plena inclusión y el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones a través de 262 medidas.
El Pacto se estructura en torno a doce objetivos centrales y contempla un total de 262 medidas, de las cuales nueve se priorizarán para su implementación inicial.
Estas medidas abarcan varios aspectos cruciales, como: la vivienda adecuada, la accesibilidad en espacios públicos y sistemas de transporte, la inserción laboral, y la formación junto con la sensibilización en el ámbito educativo.
También se busca ofrecer apoyo y acompañamiento a las familias, mejorar las políticas públicas y fomentar una mejor coordinación entre diferentes administraciones.
Un aspecto relevante del Pacto es el énfasis en la participación activa de las personas con #discapacidad y las entidades que las representan en la toma de decisiones.
Además, se implementará un protocolo específico para combatir cualquier forma de discriminación que puedan enfrentar. El seguimiento y la información sobre la implementación del pacto serán clave para garantizar su éxito.
Este nuevo acuerdo es el resultado de un proceso extensivo de participación que incluye debates y consensos entre diversas entidades, tales como administraciones locales, grupos parlamentarios, asociaciones sociales, expertos en la materia, sindicatos y representantes del sector empresarial.
Esta colaboración ha permitido recoger múltiples perspectivas y desarrollar un plan que busca adaptarse a las realidades y necesidades específicas de las personas con discapacidad
Esta colaboración ha permitido recoger múltiples perspectivas y desarrollar un plan que busca adaptarse a las realidades y necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Por su parte, el contenido del Pacto ha sido validado tanto por el Consejo de la Discapacidad de #Cataluña (CODISCAT) como por la Tabla del Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que añade un nivel de legitimidad al compromiso asumido.
La historia de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en España ha estado marcada por importantes hitos, como la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) en 1982 y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social de 2013.
Sin embargo, aún hay mucho por hacer para alcanzar una igualdad real y efectiva.
A través de este nuevo pacto, el Gobierno catalán se propone no solo corregir las desigualdades actuales, sino también establecer un modelo que inspire otras comunidades autónomas y países a seguir este camino.
