La Junta de Castilla y León expresa su rechazo a la propuesta del Ministerio de Transportes, considerando que carece de financiación suficiente y solo contempla un plazo de dos años, lo que representa un impacto negativo en la región. Además, insiste en la necesidad de abordar el tema en una negociación a nivel político mediante la Conferencia Sectorial de Transporte.
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital envió una carta al ministerio en la que expresa su desacuerdo con la decisión unilateral de trasladar a las comunidades autónomas la gestión de las rutas de transporte, o en su defecto, dejar en manos del propio ministerio la administración según unos criterios que, supuestamente, no serían adecuados para una comunidad donde el #transporte público es esencial para la cohesión territorial.
El consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, afirmó que consideran inaceptable el planteamiento y que las opciones propuestas no garantizan la continuidad ni la calidad de los servicios actuales.
Además, criticó la falta de diálogo y la ausencia de una negociación en una instancia superior, como sería la #Conferencia Sectorial de Transporte, órgano que, según supuestamente, ha sido solicitado en múltiples ocasiones durante los últimos tres años pero que todavía no se ha convocado.
El borrador del mapa, elaborado en 2022, preveía la supresión de aproximadamente 400 paradas en 300 municipios de Castilla y León, lo que, según la Junta, afectaría gravemente a la movilidad y a la cohesión social en la región.
La propuesta del Gobierno incluye una financiación limitada de unos 36 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 32 millones de euros en la moneda local, destinados a que las comunidades asuman la gestión de las rutas, sin garantías de continuidad en el tiempo.
Supuestamente, la propuesta también contempla que el Ministerio pueda hacerse cargo de los servicios que sean deficitarios, lo cual genera incertidumbre sobre la preservación de las paradas y rutas actuales, afectando a miles de familias y a la economía local.
La Junta ha expresado que esta propuesta crea un modelo de gestión opuesto al actual, que es gratuito para los empadronados en las 2.610 rutas autonómicas, y que busca fortalecer la fijación de población, reducir costes para las familias y facilitar el acceso a otros servicios públicos.
La región de #Castilla y León ha sido uno de los territorios más afectados por la despoblación y la falta de servicios en zonas rurales
Históricamente, la región de Castilla y León ha sido uno de los territorios más afectados por la despoblación y la falta de servicios en zonas rurales, situación que se ha agravado en las últimas décadas debido a recortes en el transporte público.
La Junta ha insistido en que cualquier cambio debe responder a las necesidades reales de la población y contar con una financiación adecuada y a largo plazo.
En conclusión, la Junta de Castilla y León mantiene su postura de rechazo y solicita que la negociación del Mapa Estatal de Transportes se realice en el marco de la Conferencia Sectorial, donde las comunidades puedan expresar sus intereses y buscar soluciones consensuadas que garanticen un transporte público de calidad y accesible para todos.
