La memoria del Comisionado de la Transparencia de 2024 resalta el buen desempeño de la administración autonómica en atender solicitudes de información y fortalecer la confianza ciudadana.
Esta jornada, promovida por la UNESCO, busca destacar la importancia del derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir datos públicos, un pilar fundamental para fortalecer la participación ciudadana, la #rendición de cuentas y la democracia en general.
Supuestamente, la administración autonómica ha dado pasos importantes en los últimos años para facilitar el acceso a la información, diferenciando claramente entre la información pública específica, que está en poder de la Junta y puede ser consultada a través de portales digitales y solicitudes, y la información general necesaria para trámites administrativos, que se brinda en las oficinas de atención al ciudadano.
La Junta considera que atender con rapidez y precisión estas solicitudes es esencial para consolidar una administración moderna, transparente y cercana a la ciudadanía.
Según la memoria anual del Comisionado de la Transparencia correspondiente a 2024, que fue publicada en agosto, la Junta de #Castilla y León recibió en ese año un total de 590 solicitudes de acceso a información pública.
Este número, presuntamente, representa una disminución respecto a los años anteriores, ya que en 2022 se recibieron 832 solicitudes y en 2023, 728. La tendencia a la baja se atribuye, en parte, al incremento en la publicación proactiva de contenidos en los portales de Gobierno Abierto, Datos Abiertos y Transparencia, que permiten a los ciudadanos localizar la información sin tener que realizar solicitudes formales.
El proceso de gestión de estas solicitudes también ha mejorado notablemente. La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, encargada de coordinar estas acciones, ha implementado programas de formación dirigidos a los empleados públicos de las delegaciones territoriales y otros organismos, con el objetivo de que puedan identificar y clasificar correctamente las solicitudes, derivarlas a los departamentos correspondientes o informar a los ciudadanos sobre los límites en la protección de datos personales.
Este esfuerzo ha contribuido a reducir el número de solicitudes rechazadas o derivadas a otras administraciones.
De las 590 solicitudes recibidas en 2024, la Junta solo desestimó 4, lo que representa aproximadamente un 0.7% del total. La mayoría, unas 443 solicitudes (alrededor del 75%), fueron atendidas de forma estimatoria, entregando toda la información en poder de la administración respecto al tema consultado.
El resto, unas 143, fueron inadmitidas por diversas razones, como solicitar datos que no son públicos o requerir una reelaboración de la información existente.
Supuestamente, la relación de solicitudes también refleja una mayor confianza en los canales digitales. La publicación constante de contenidos y la mejora en los procedimientos internos han permitido reducir la cantidad de solicitudes, facilitando que los ciudadanos puedan acceder a los datos sin tener que acudir físicamente a las oficinas o realizar trámites largos.
En cuanto a las reclamaciones, la memoria señala que las presentadas contra las resoluciones de la Administración autonómica representan solo el 28% del total, con 154 reclamaciones en 2024.
De estas, solo 27 fueron totalmente estimadas y 25 parcialmente. En cambio, las reclamaciones contra las decisiones de las entidades locales alcanzaron las 350, siendo la mayoría de ellas (alrededor del 64%) estimadas en parte o en su totalidad.
Estas cifras demuestran un compromiso activo por parte de la Junta para mejorar continuamente sus procesos de #transparencia y atención a las solicitudes ciudadanas
Supuestamente, estas cifras demuestran un compromiso activo por parte de la Junta para mejorar continuamente sus procesos de transparencia y atención a las solicitudes ciudadanas.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que estos avances fortalecen la confianza en las instituciones y fomentan una gestión más responsable, transparente y alineada con las demandas sociales.
En el contexto histórico, cabe recordar que la Ley de Transparencia de Castilla y León, aprobada en 2013, fue pionera en España y sirvió de ejemplo para otras comunidades autónomas.
Desde entonces, la administración ha trabajado en la implementación de portales digitales y en la formación del personal, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a acceder a la información pública de manera efectiva.
Supuestamente, en un escenario global, la tendencia hacia una mayor apertura y rendición de cuentas se ha acelerado, en parte debido a la presión social y a los avances tecnológicos.
La Junta de Castilla y León, con su compromiso demostrado, busca seguir siendo un ejemplo de transparencia en España, promoviendo una cultura de apertura que beneficie tanto a la administración como a los ciudadanos.
