La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León informa a los alcaldes de Sanabria sobre las medidas de apoyo económico y social tras los incendios devastadores, con una inversión de aproximadamente 68 millones de euros para la reconstrucción y recuperación.
La zona, famosa por su belleza natural y su patrimonio cultural, ha visto cómo sus bosques y viviendas quedaron dañadas por las llamas durante el verano.
Presuntamente, los daños económicos y medioambientales han sido considerables, y la Junta de #Castilla y León ha puesto en marcha un ambicioso plan de ayuda para mitigar los efectos y promover la recuperación.
Supuestamente, los incendios de este verano han destruido miles de hectáreas de masa forestal, afectando no solo la biodiversidad sino también la economía local, basada en el turismo, la agricultura y la ganadería.
Para entender mejor la magnitud del impacto, cabe recordar que en el pasado, los #incendios forestales en Castilla y León han devastado áreas similares, y las instituciones han tenido que activar planes de emergencia y ayudas específicas para evitar un colapso socioeconómico en estas zonas.
En una reunión mantenida por la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, con los alcaldes de Galende, Hermisende, Pías, Rosinos de la Requejada, San Justo y Trefacio, así como con el teniente alcalde de Porto, se informaron los detalles de las ayudas recientemente aprobadas por el gobierno autonómico.
Blanco, que también es consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, transmitió un mensaje de solidaridad y esperanza, asegurando que la administración regional trabaja con rapidez para apoyar a los afectados.
Entre las medidas destaca un fondo de aproximadamente 68 millones de euros (equivalentes a unos 75 millones de dólares o euros según la conversión actual), destinados a cubrir diferentes necesidades.
En primer lugar, la Junta ha destinado fondos para el alojamiento temporal de las familias que han perdido sus hogares. En concreto, presuntamente, se están financiando gastos de alojamiento y manutención para las personas desplazadas, con una línea de ayuda que ya beneficia a más de 250 familias en toda la región, con un importe total cercano a 40 millones de euros (unos 36 millones de euros).
Además, aquellas familias que han sido desalojadas y residen en municipios afectados están recibiendo unos 500 euros (aproximadamente 470 euros en moneda europea) para afrontar los perjuicios causados por la pérdida de sus viviendas.
Supuestamente, en total, ya se han concedido ayudas a más de 220 beneficiarios, con un desembolso cercano a los 50 millones de euros (unos 47 millones de euros).
Además, se habilitó una línea específica para municipios que han acogido temporalmente a familias desplazadas, así como a voluntarios y profesionales de protección civil y extinción de incendios.
En este caso, se han destinado unos 94.000 euros (aproximadamente 88.000 euros) para cubrir gastos de alojamiento y atención a estas personas en 24 ayuntamientos de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.
A la par de las ayudas sociales, la Junta ha elaborado un plan de reconstrucción integral con una inversión inicial de 68 millones de euros (unos 75 millones en moneda europea).
Incluyendo la #recuperación de viviendas
Este plan contempla 45 medidas distribuidas en ocho áreas estratégicas, incluyendo la recuperación de viviendas, la restauración del entorno natural, el apoyo a empresas y autónomos, y la mejora de infraestructuras públicas en las zonas afectadas.
Supuestamente, dichas medidas buscan no solo atender la emergencia inmediata, sino también garantizar una recuperación sostenible a largo plazo, preservando el equilibrio ecológico y fomentando la economía local.
La vicepresidenta Blanco afirmó que el proceso de implementación está en marcha, y que en la segunda semana de vigencia del plan, más del 65% de las acciones ya han sido ejecutadas o están en proceso.
El plan también contempla nuevas actuaciones, como ayudas a cotos de caza afectados por los incendios, destinadas a compensar los ingresos dejados de percibir por la pérdida de superficie cinegética, y ayudas a ayuntamientos y entidades locales menores de la Reserva Regional de Caza de Riaño.
Estas acciones, presuntamente, refuerzan el compromiso de la Junta con la protección del patrimonio natural y la economía rural.
Supuestamente, en una apuesta por la prevención, la Junta ha aprobado también un decreto para mejorar la planificación y gestión forestal en la comunidad.
Este decreto facilitará la agilización de trámites administrativos y la incorporación de nuevas tecnologías en los inventarios forestales, con el fin de reducir la vulnerabilidad ante futuros incendios.
