La Junta de Castilla y León ha publicado una convocatoria de ayudas forestales en el marco del PEPAC 2023-2027 para inversiones no productivas orientadas a la prevención de daños por incendios y selvicultura en montes de gestión privada, con una dotación de 45 millones de euros y un periodo de ejecución de 2027 a 2031.
La línea de ayudas cuenta con una dotación total de 45 millones de euros y está cofinanciada por los fondos FEADER, con el objetivo de financiar el desarrollo de un plan quinquenal de actuaciones para la prevención de daños y para fortalecer las labores de selvicultura.
Según la resolución publicada, la ejecución de las actuaciones financiadas se desarrollará entre los años 2027 y 2031, dando continuidad a las acciones iniciadas en la convocatoria anterior.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado, así como agrupaciones integradas por varios titulares de explotaciones forestales que actúen de forma conjunta, sin necesidad de constituirse como una entidad jurídica.
También podrán beneficiarse las comunidades de bienes que sean titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado. En todo caso, las agrupaciones deben nombrar como representante a uno de sus miembros con poderes suficientes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, correspondan a la agrupación.
Cada miembro de la agrupación tendrá estatus de beneficiario, pero las ayudas se concederán a la agrupación en su conjunto. Las entidades locales solo pueden agruparse entre sí y no con otros tipos de beneficiarios.
El importe total de la ayuda oscilará entre 30.000 euros y 90.000 euros, distribuidos durante un periodo de cinco años desde la concesión. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la aplicación SCAG, que gestiona la convocatoria de Contratos de Prevención de Daños y Selviculultura 2026, disponible en la sede electrónica de la Junta de #Castilla y León hasta el 20 de marzo de 2026, inclusive.
La concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, valorando todas las solicitudes presentadas. Se financia el 100 % del importe solicitado, con 90.000 euros como cuantía máxima por expediente. Entre los criterios de valoración se incluyen el tipo de actuación solicitada, la pertenencia a una agrupación de titulares, el riesgo de #incendios forestales y la pertenencia a una Asociación de propietarios forestales.
La Junta de Castilla y León ha enfatizado que, en los últimos años, el problema de los incendios forestales ha impulsado un enfoque más intenso en ayudas como estas para los propietarios forestales privados, con la finalidad de reducir el riesgo y ampliar las labores de prevención a una mayor superficie y a más zonas del territorio autonómico.
Supuestamente, estas medidas podrían contribuir a disminuir la vulnerabilidad ante posibles incendios en zonas de mayor riesgo, basándose en experiencias comparadas realizadas en otros territorios europeos donde la gestión preventiva ha mostrado resultados positivos en términos de reducción de siniestros.
Presuntamente, la implementación de planes de gestión forestal y de actuaciones coordinadas entre titulares privados podría favorecer una mayor resiliencia de los bosques frente a desastres naturales.
Castilla y León ha sido una de las comunidades con una intensa actividad forestal y
Históricamente, Castilla y León ha sido una de las comunidades con una intensa actividad forestal y, en ocasiones, con incendios de gran intensidad durante los meses secos de verano.
En este contexto, la administración autonómica ha buscado reforzar la prevención mediante herramientas de apoyo económico y asesoría técnica. A nivel europeo, FEADER ha venido priorizando inversiones en desarrollo rural y protección ambiental, de modo que estas ayudas forman parte de un marco más amplio de políticas destinadas a equilibrar la productividad de los montes con la conservación de los recursos naturales.
Aunque la dotación y las condiciones pueden estar sujetas a cambios, la convocatoria actual pretende sentar las bases para una intervención más amplia de la selvicultura y la gestión de riesgos en el sistema forestal privado de la región.
En el contexto histórico de la #política forestal española, estas medidas se inscriben en una tendencia de mayor apoyo público para la prevención de incendios, la restauración de áreas afectadas y la promoción de prácticas de manejo sostenible que, según los análisis disponibles, podrían traer beneficios a largo plazo para el medio ambiente y para la economía rural.
En cualquier caso, la efectividad de estas ayudas dependerá en gran medida de la adecuada ejecución de los planes quinquenales y de la cooperación entre propietarios, entidades locales y gestores forestales, un tema que continuará siendo objeto de seguimiento institucional en los próximos años.