La decisión de las Cortes de Castilla y León de no convalidar un decreto que buscaba modernizar y fortalecer el operativo contra incendios puede frenar avances importantes en la protección forestal y laboral del medio rural.
La decisión, tomada en la sesión del 26 de noviembre de 2025, podría tener consecuencias negativas en la capacidad de respuesta ante emergencias y en la mejora de las condiciones laborales de aproximadamente 2.200 profesionales del sector.
Este decreto, que se había elaborado en línea con leyes nacionales aprobadas en 2024 para fortalecer la figura de los agentes forestales y bomberos, contemplaba inversiones cercanas a los 20 millones de euros, equivalentes a unos 18 millones de euros según la tasa de cambio actual, para implementar mejoras sustanciales en el operativo.
La normativa incluía medidas como la designación de puestos fijos durante todo el año, la creación de un nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B y la incorporación de beneficios sociales y salariales para los bomberos forestales.
Supuestamente, estas medidas hubieran permitido estabilizar las condiciones laborales y mejorar la eficiencia en la lucha contra incendios, que en los últimos años han aumentado en frecuencia y magnitud debido al cambio climático y a la gestión del territorio.
La historia de los #incendios forestales en #Castilla y León se remonta a siglos atrás
La historia de los incendios forestales en Castilla y León se remonta a siglos atrás, siendo una de las regiones más afectadas en la península ibérica debido a su extensión forestal y a las condiciones climáticas.
La modernización del operativo, que data de los años 80, ha sido un proceso que ha enfrentado múltiples obstáculos políticos y presupuestarios.
Presuntamente, la decisión de las Cortes de rechazar el decreto supone un revés en el compromiso de la Junta por un modelo más profesional y preparado para hacer frente a los incendios, que cada año causan daños económicos y ambientales significativos.
La ley de 2024 ya establecía la obligatoriedad de crear un cuerpo especializado de agentes medioambientales y de bomberos forestales, con beneficios adicionales para los empleados públicos, como mejoras en la formación y en las condiciones laborales.
Supuestamente, la no convalidación afecta también a las relaciones de puestos de trabajo (RPTs), que estaban en proceso de negociación para ofrecer estabilidad y mejores condiciones laborales a los profesionales.
La Junta ha señalado que esta situación puede retrasar o paralizar la implementación de medidas que, en el pasado, se han considerado fundamentales para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales y proteger a las comunidades rurales.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha declarado que la decisión afecta no solo a los derechos laborales del personal, sino también a la capacidad de respuesta ante emergencias, poniendo en riesgo la seguridad del medio natural y de las personas.
Supuestamente, el gobierno regional reafirma su compromiso de seguir trabajando en la elaboración de un marco legal que permita retomar estas mejoras en un futuro cercano, con el apoyo del Parlamento y las instituciones nacionales.
