La Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la seguridad y la salud laboral mediante iniciativas que apoyan la eliminación de amianto en zonas rurales, destinando más de 400.000 euros para renovar instalaciones peligrosas.
Presuntamente, esta región ha sido históricamente una de las más afectadas por la presencia de este material, utilizado en construcciones e instalaciones industriales durante décadas, y que todavía representa un riesgo para la salud pública y la integridad de los trabajadores.
Recientemente, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha organizado una jornada técnica en la ciudad de Soria, con el objetivo de orientar a los responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos sobre las normativas vigentes y las mejores prácticas para identificar y eliminar el amianto de manera segura.
La actividad, que supuestamente contó con la participación de expertos en prevención de riesgos laborales, forma parte de una serie de acciones destinadas a reducir la exposición de la población a fibras cancerígenas y prevenir enfermedades respiratorias graves.
El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, acompañado por la delegada territorial Yolanda de Gregorio, anunció que la Junta está promoviendo la creación de un censo de instalaciones que contienen amianto en municipios con menos de 5.000 habitantes. Presuntamente, esta iniciativa facilitará a los ayuntamientos la planificación de la eliminación del material, priorizando aquellos emplazamientos con mayor peligrosidad y exposición para la población más vulnerable, con un plazo previsto para completar las labores antes de 2028.
Además, la Junta ha destinado en la provincia de Soria una partida superior a los 400.000 euros, específicamente 427.073 euros, en el marco de un programa de ayudas dirigido a pequeñas y medianas empresas y a centros de trabajo en zonas rurales. Presuntamente, estas subvenciones cubren hasta el 85% del coste de la retirada de cubiertas con amianto y el 50% de los gastos asociados a la instalación de nuevas cubiertas, con un límite de hasta 30.000 euros por centro de trabajo.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo regional mayor, que en el conjunto de #Castilla y León ha supuesto una inversión superior a los 11 millones de euros, permitiendo intervenir en más de 590 empresas y eliminar aproximadamente 400.000 metros cuadrados de amianto en diferentes instalaciones. La prioridad, presuntamente, es reducir los riesgos laborales asociados a fibras peligrosas, que pueden provocar enfermedades profesionales respiratorias y procesos carcinogénicos en quienes están expuestos.
El pasado año, en Soria, estas ayudas facilitaron la retirada segura en 19 centros de trabajo, principalmente en pequeñas empresas ubicadas en zonas rurales, donde el riesgo de exposición puede ser mayor debido a la antigüedad de las construcciones.
La política de la Junta busca garantizar que la eliminación del amianto se realice de manera eficiente y segura
La política de la Junta busca garantizar que la eliminación del amianto se realice de manera eficiente y segura, mediante la colaboración con diputaciones provinciales y otros organismos públicos.
En el contexto histórico, se recuerda que el uso del amianto fue masivo durante el siglo XX, especialmente en la construcción naval, la industria eléctrica y la fabricación de materiales de aislamiento.
Sin embargo, supuestamente, sus propiedades resistentes al fuego y a la corrosión facilitaron su uso sin considerar los impactos a largo plazo en la salud.
Actualmente, la comunidad científica reconoce el peligro que representa y recomienda su eliminación en todos los ámbitos.
La normativa vigente, como la Ley 7/2022, establece que la retirada debe realizarse siguiendo estrictos protocolos de seguridad. La iniciativa de la Junta de Castilla y León busca no solo cumplir con la legislación, sino también proteger a las generaciones presentes y futuras de los efectos nocivos del amianto, que incluso en pequeñas cantidades puede ocasionar enfermedades graves.
En definitiva, la apuesta por el censo, la inversión en ayudas y la formación técnica demuestra el compromiso de la administración regional con la protección de la salud pública y la mejora de las condiciones laborales en municipios rurales.
