Las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla y León implementan una instrucción conjunta para optimizar la gestión parcelaria, promoviendo la conservación de elementos naturales y el dominio público pecuario, con beneficios económicos, sociales y ecológicos.
Para ello, han elaborado y formalizado una instrucción conjunta que establece una vía de colaboración entre ambos departamentos, con el objetivo de agilizar los trámites, respetando los valores ecológicos, paisajísticos y ambientales en las áreas de actuación.
Este acuerdo, firmado el pasado 3 de abril, busca fortalecer la coordinación en la gestión de condicionantes ambientales, de modo que la concentración parcelaria contribuya no solo a la competitividad agrícola, sino también a la conservación del patrimonio natural y del dominio público pecuario, que en Castilla y León representan un patrimonio ecológico y cultural invaluable.
En una jornada formativa celebrada en el PRAE (Propuestas Ambientales Educativas), participaron 120 técnicos especializados de los servicios centrales y territoriales de ambas consejerías, así como representantes de medios propios y empresas colaboradoras, que compartieron experiencias y conocimientos sobre la implementación de estas nuevas directrices.
La concentración parcelaria ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar la eficiencia del sector agrícola, con beneficios económicos evidentes.
Por ejemplo, se estima que los agricultores ahorran entre un 25 % y un 30 % en combustible y reducen en un 45 % las distancias recorridas en sus labores diarias, lo que se traduce en una significativa disminución de costos operativos.
Además, este proceso favorece un incremento en la participación de jóvenes agricultores, que en áreas concentradas superan en un 40 % a las zonas sin concentrar, y una inversión en modernización de las explotaciones en un 36 %, impulsando así la innovación y el desarrollo rural.
Desde el punto de vista ambiental, las concentraciones parcelarias contribuyen a reducir de manera significativa las emisiones de CO2, en torno a un 25 a 30 %, gracias a una mejor gestión de maquinaria agrícola y prácticas sostenibles.
Esto, además, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático y a promover prácticas agrícolas más responsables con el entorno natural.
El compromiso de la Junta de Castilla y León en este ámbito es firme, con metas ambiciosas para esta legislatura. Se pretende iniciar la concentración en 150.000 hectáreas y ejecutar obras de infraestructura rural en superficies similares. Hasta la fecha, se ha alcanzado el 95 % del primer objetivo y el 52 % del segundo, demostrando un avance constante en la mejora de la infraestructura y gestión agraria.
7 millones son susceptibles de concentración parcelaria
La superficie total de Castilla y León alcanza los 9,4 millones de hectáreas, de las cuales 5,7 millones son susceptibles de concentración parcelaria.
Actualmente, se trabaja en la finalización de estos procesos en casi 4,3 millones de hectáreas, beneficiando a más de 80.000 propietarios. La región posee además un patrimonio natural único en España, con más de 31.000 km de vías pecuarias y 1,8 millones de hectáreas de montes de utilidad pública, elementos que requieren una protección especial y una gestión sostenible.
Este esfuerzo organizativo y administrativo refleja el compromiso de la Junta por equilibrar el desarrollo económico del sector agrícola con la conservación de los recursos naturales, promoviendo una #agricultura más competitiva, moderna y respetuosa con el medio ambiente.
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