El director general de Política Agraria Comunitaria ha solicitado mejorar la seguridad jurídica de los agricultores y ganaderos y revisar ayudas que afectan negativamente el modelo agrícola regional.
La Junta de Castilla y León ha hecho un llamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se realicen modificaciones en el Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC) correspondiente al periodo 2023-2027.
Esta solicitud fue planteada durante una reunión celebrada recientemente, donde el director general de Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, enfatizó la importancia de fortalecer el papel del agricultor profesional en la comunidad autónoma.
Uno de los puntos clave discutidos fue la necesidad de simplificar la gestión de los ecorregímenes, que son un conjunto de medidas diseñadas para promover prácticas agrícolas sostenibles.
Gómez abogó por la agilidad en los trámites necesarios para cumplir con los requisitos de estos ecorregímenes, independientemente de si las explotaciones agrícolas son de secano o regadío.
En este sentido, se subrayó que cada explotación debe considerarse como una unidad productiva integral, lo que permitiría una gestión más eficaz y menos burocrática.
Durante el encuentro, también se abordaron otras propuestas que podrían complementar las reformas introducidas por la Comisión Europea en 2024. Entre estas iniciativas se encuentra la revisión de ciertas ayudas que, según Gómez, afectan adversamente el modelo agrícola de Castilla y León, así como la necesidad de mejorar la seguridad jurídica para agricultores y ganaderos, quienes a menudo enfrentan incertidumbres legales que pueden obstaculizar su labor diaria.
Este diálogo es crucial, ya que la Junta sostiene que las medidas medioambientales deben equilibrarse con los criterios agronómicos. La protección del medio ambiente no debe comprometer el potencial productivo de las explotaciones agrícolas de la región, que son fundamentales para la economía local.
La agricultura en Castilla y León ha sido históricamente una base de su desarrollo, con una producción que se extiende desde cereales hasta productos lácteos, lo que subraya la importancia de mantener un sistema agrícola viable y rentable.
Además, todas estas consideraciones y propuestas deben formar parte de un documento que el Ministerio de Agricultura tiene la responsabilidad de presentar a la Comisión Europea para su evaluación y posible aprobación.
Este proceso es esencial para garantizar que las preocupaciones locales se tomen en cuenta en la formulación de políticas que afectan a los agricultores y ganaderos de la región.
Históricamente, Castilla y León ha sido un pilar en la producción agrícola de España, y la adaptación a las nuevas normativas y exigencias del mercado es crucial para su futuro.
Con la creciente presión para adoptar prácticas más sostenibles, es vital que los agricultores cuenten con el apoyo necesario para realizar esta transición sin comprometer su viabilidad económica.
Las modificaciones solicitadas por la Junta no solo beneficiarían a los agricultores locales, sino que también contribuirían al desarrollo sostenible de la región en su conjunto.
