Un informe oficial del Gobierno local de Zaragoza establece que las sesiones de los órganos municipales, incluyendo las juntas de distrito, deben celebrarse en sedes oficiales, descartando la posibilidad de hacerlo en espacios públicos, lo que ha generado polémica entre los partidos políticos.
La decisión ha sido tomada tras una consulta solicitada por el consejero de #Participación Ciudadana y Régimen Interior
La decisión ha sido tomada tras una consulta solicitada por el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, quien ha explicado que, según la normativa vigente, las sesiones de los órganos municipales deben realizarse en sedes oficiales y no en espacios abiertos.
Presuntamente, esta normativa busca garantizar la legalidad, seguridad y transparencia del proceso democrático en la ciudad.
Supuestamente, la normativa de referencia no es nueva en el ámbito local. De hecho, la Ley de Administración Local de Aragón, en su artículo 114, especifica que las sesiones de los órganos de las entidades locales deben celebrarse en la Casa Consistorial o en un edificio habilitado en casos de fuerza mayor.
Además, el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de #Zaragoza refuerza esta idea, indicando que la sede institucional es el lugar apropiado para la realización de estos actos públicos.
Para entender la importancia de esta normativa, hay que remontarse a la historia política de Zaragoza y sus instituciones. La ciudad, capital de Aragón, cuenta con una tradición democrática que data desde la Edad Media y que ha evolucionado con los años hasta consolidar un sistema que busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el marco legal y administrativo.
Sin embargo, en los últimos meses, algunos responsables políticos habían propuesto celebrar reuniones en la calle, argumentando que así se acercarían más a los vecinos y se promovería una mayor participación.
Supuestamente, estas propuestas no contaban con respaldo legal, y ahora el informe técnico ratifica que la vía pública no puede considerarse un lugar adecuado para sesiones oficiales.
La razón principal radica en que en espacios abiertos no se garantizan condiciones de seguridad, orden y dignidad necesarias para el correcto desarrollo de los procedimientos democráticos.
Además, la documentación y los acuerdos alcanzados en estos encuentros podrían verse comprometidos, poniendo en riesgo la validez de los actos.
El informe también cita sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y del Tribunal Supremo, que refuerzan la idea de que las sesiones deben celebrarse en lugares institucionales adecuados.
Estas decisiones judiciales consideran que la transparencia y el respeto a la normativa son esenciales para mantener la confianza en las instituciones públicas.
