El Gobierno de Andalucía asume la gestión de la seguridad social para los estudiantes de FP

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha anunciado que la Junta de Andalucía se hará cargo del alta en la Seguridad Social de los alumnos que estén matriculados en ciclos de Formación Profesional sostenidos con fondos públicos.

Esta medida tiene como objetivo liberar tanto a los estudiantes como a los centros educativos y empresas de la carga burocrática que supone la cotización de las prácticas no remuneradas.

La iniciativa también incluye a los alumnos de Artes Plásticas y Diseño y a aquellos que cursan estudios de nivel superior.

Patricia del Pozo ha destacado que esta decisión busca transmitir tranquilidad a los centros docentes y a las empresas que colaboran en la formación de estos estudiantes.

La implementación de esta medida evita riesgos en la titulación de los alumnos, ya que las prácticas son parte obligatoria del currículo, según estableció el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Sin embargo, la consejera considera que la manera en que el Ministerio ha planteado esta iniciativa, a mitad de curso y sin tener aún los reglamentos de desarrollo, es un despropósito para el sistema educativo.

Además, en Andalucía se está impulsando la modalidad de la FP Dual y se solicita la colaboración de las empresas para ello.

A pesar de esta situación, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha tomado medidas para que no afecte al sistema.

Del Pozo ha afirmado que seguirán reclamando al Gobierno que cumpla su compromiso de asumir la cotización en años futuros y que seguirán luchando por facilitar las prácticas tanto a los alumnos como a las empresas.

La consejera ha recordado que en la última Conferencia Sectorial celebrada en diciembre, el Ministerio rechazó la solicitud de 14 Comunidades Autónomas de posponer el alta en la Seguridad Social de todos los estudiantes en prácticas a partir del próximo 1 de enero, hasta que se establezca un sistema viable y seguro que no ponga en riesgo la titulación de los alumnos.