La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía ha anunciado que se encargará de la gestión de la Seguridad Social para el alumnado de Formación Profesional matriculado en ciclos sostenidos con fondos públicos. Esta medida busca eliminar la carga burocrática que supone la cotización de las prácticas no remuneradas tanto para los estudiantes como para los centros y empresas. La disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024, establece la inclusión de los alumnos que realicen prácticas formativas no remuneradas o académicas externas en programas de formación en el Sistema de la Seguridad Social. La consejera Patricia del Pozo ha destacado la importancia de esta medida para garantizar la titulación de los estudiantes y ha expresado su preocupación por la falta de reglamentos de desarrollo en el sistema educativo. La Consejería asumirá todas las obligaciones de la Seguridad Social para brindar garantías a los alumnos, centros y empresas.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía, liderada por Patricia del Pozo, ha anunciado que la Junta asumirá la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de FP matriculado en ciclos sostenidos con fondos públicos.
Esta medida tiene como objetivo eliminar la carga burocrática que implica la cotización de las prácticas no remuneradas tanto para los alumnos como para los centros y las empresas.
A partir del 1 de enero de 2024, entrará en vigor la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social, la cual establece la inclusión en el Sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas no remuneradas o académicas externas en programas de formación.
Esta decisión ha sido tomada con el objetivo de garantizar la titulación de los estudiantes y enviar un mensaje de tranquilidad a los centros docentes y a las empresas colaboradoras en el aprendizaje de estos alumnos.
La consejera Patricia del Pozo ha destacado la importancia de esta iniciativa para evitar riesgos en la titulación de los estudiantes, ya que estas prácticas son obligatorias según lo impuesto por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Durante la última reunión de la Conferencia Sectorial, celebrada el pasado 13 de diciembre, el Ministerio rechazó la petición de 14 Comunidades Autónomas de posponer el alta en la Seguridad Social para todos los alumnos en prácticas de FP y universitarios a partir del 1 de enero, hasta que se establezca un sistema viable y garantista que evite los riesgos sobre la titulación de los estudiantes.
Andalucía adelanta las fechas de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado el adelanto de las fechas de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad en Andalucía, con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades para los estudiantes andaluces.A pesar de las dudas que persisten y que las comunidades autónomas esperan resolver en las próximas reuniones con el Ministerio y técnicos de la Seguridad Social, la Consejería ha tomado esta decisión después de analizar diferentes formas de implementar de la mejor manera posible esta iniciativa del Gobierno central.
La consejera ha expresado su preocupación por la propuesta del Ministerio, ya que considera que es un despropósito realizar un cambio de este tipo a mitad de curso y sin tener los reglamentos de desarrollo necesarios.
Según ella, el sistema educativo está en plena adaptación a una nueva ley sin contar con los instrumentos que deben ser elaborados por el Ministerio, incumpliendo así el calendario previsto.
Además, ha remarcado que esta medida se implementa en un momento en el que se está trasladando toda la FP a la modalidad de Dual y se está solicitando la colaboración necesaria de los empresarios.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional será la encargada de asumir todas las obligaciones de la Seguridad Social para garantizar la protección de los alumnos, los centros y las empresas involucradas en la formación.