La Consejería de Desarrollo Educativo y FP y las organizaciones patronales y sindicales de Andalucía han firmado un acuerdo para reforzar la atención de calidad al alumnado de 0-3 años.
En Andalucía, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP junto a diversas organizaciones han suscrito un acuerdo para fortalecer la atención educativa de calidad a los niños y niñas de 0-3 años y sus familias.
Este acuerdo tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del modelo andaluz de colaboración público-privado que permite la escolarización de más de 100.000 niños en Andalucía durante este curso escolar. En el marco de esta colaboración, la Junta de Andalucía ha acordado una actualización del precio del servicio de comedor escolar para el curso 2024-2025, alcanzando los 92 euros mensuales por alumno/a, con la finalidad de mejorar los estándares de calidad de este servicio crucial para las familias en los centros educativos.
Asimismo, se ha establecido el compromiso de avanzar progresivamente hacia la gratuidad del servicio socioeducativo en los centros de infantil a partir del curso 2025-26.
Andalucía adelanta las fechas de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado el adelanto de las fechas de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad en Andalucía, con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades para los estudiantes andaluces.Dentro de este acuerdo, se ha acordado la devolución al Gobierno de España de los fondos europeos que no se hayan destinado a la gratuidad de las plazas del primer ciclo de infantil en Andalucía, como medida de defensa del modelo educativo implantado en la región.
La consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, ha destacado la importancia de este acuerdo como parte del trabajo conjunto iniciado en 2019, que ha permitido implementar medidas clave para la sostenibilidad de un sector crucial para la educación andaluza y el apoyo a las familias.
Del Pozo ha resaltado la defensa firme que el Gobierno andaluz ha realizado junto al sector, con 16.000 puestos de trabajo en riesgo debido a la falta de adaptación de los fondos europeos por parte del Gobierno central.
