Las autoridades colombianas descubren una fosa común en Guaviare con los cuerpos de ocho personas vinculadas a movimientos sociales y religiosos, en un hecho que evidencia la violencia persistente en la región.

El hallazgo fue posible gracias a la activación de mecanismos de búsqueda urgente en respuesta a denuncias previas, y contó con el apoyo de unidades del Ejército Nacional, específicamente la Fuerza de Despliegue Rápido #1 y #11.
Supuestamente, estas ocho personas habrían sido citadas por integrantes del frente Armando Ríos, una disidencia de las FARC que continúa operando en la región, y que se presume está relacionada con el Estado Mayor Central (EMC).
Las #víctimas serían, según reconocimiento preliminar de sus familiares, Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
El caso remonta a hechos ocurridos en abril pasado, cuando se reportó la desaparición de estas personas. La Fiscalía General de la Nación informó que, el 4 de abril de 2025, dos de las víctimas fueron citadas por miembros del grupo armado, y tres días después, las otras seis también fueron convocadas, supuestamente para ser interrogadas acerca de la posible creación de una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona.
Según las investigaciones, las víctimas fueron trasladadas a un predio abandonado, donde presuntamente fueron asesinadas. La desaparición fue confirmada días después por las autoridades locales, quienes establecieron que los cuerpos estaban enterrados en una fosa común en el caserío de Agua Bonita Media.
La investigación de la Fiscalía sugiere que los autores del crimen habrían recibido órdenes desde el círculo de confianza de alias 'Iván Mordisco', líder del EMC, con la finalidad de evitar la conformación de una célula del ELN en la región.
La #violencia y el conflicto armado en el departamento del Guaviare
La violencia y el conflicto armado en el departamento del Guaviare, una zona caracterizada por su biodiversidad y su historia de enfrentamientos entre diferentes grupos armados, han dejado un saldo de múltiples víctimas en los últimos años.
Supuestamente, la situación de inseguridad en la región se ha agravado debido a la presencia de disidencias de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz firmado en 2016, y que continúan operando en áreas rurales, controlando rutas y realizando actividades ilícitas.
La comunidad local ha denunciado en varias ocasiones la intimidación y amenazas dirigidas a #líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Este hallazgo reitera la gravedad de la violencia en Colombia, donde, según datos oficiales, en 2024 se reportaron más de 300 asesinatos de líderes sociales en todo el país.
La historia del conflicto colombiano, que se remonta a décadas atrás, ha dejado profundas heridas sociales y ha dificultado los esfuerzos por consolidar la paz y la reconciliación en muchas regiones.