El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián firman un Protocolo General de Actuación para promover vivienda protegida y alojamientos dotacionales, cediendo parcelas municipales al Ejecutivo para proyectos en varias zonas de la ciudad. El plan se reparte entre corto y largo plazo y establece incentivos económicos y una comisión de seguimiento.