El Departamento de Justicia y Derechos Humanos de Euskadi ha iniciado un plan de modernización en la vigilancia de los centros judiciales, invirtiendo aproximadamente 3,7 millones de euros para reemplazar más de 700 cámaras analógicas por tecnología de última generación basada en IP. La iniciativa busca mejorar la seguridad tanto de las instalaciones como de las personas que las utilizan, implementándose en dos fases a lo largo de los próximos años.
