La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) niega haber cambiado su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, mientras la Inspección General de Justicia (IGJ) advierte sobre irregularidades y retrasos en los balances de los clubes, incluyendo Barracas Central. El conflicto revela tensiones en la supervisión del fútbol y el cumplimiento de la normativa legal en Argentina.
